La Xunta aprueba sin la Fegamp el convenio de limpieza de franjas y ofrece a los concellos adherirse
Los concellos interesados tendrán que rubricar directamente con la Consellería do Medio Rural el convenio para facilitar la limpieza de franjas secundarias, una tarea que por ley debe estar acometida antes del 31 de mayo, y cuyo cumplimiento la Xunta veía en riesgo después de que la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp) se descolgase la semana pasada, instando a la Xunta a seguir negociando diversos cambios.
"É necesario aprobar o convenio e ofrecerlles aos concellos a posibilidade de que se adhiran", recalcó el presidente, que en su comparecencia posterior a la reunión semanal del Consello da Xunta constató que la Fegamp rechazó ratificar el acuerdo que desde 2018 firmaba con la Xunta y la empresa pública Seaga con un porcentaje de rechazo del 60% y un 40% de votos a favor, "o que coincide coa representación política dos que votaron".
El convenio, que el Gobierno gallego aprobó en su reunión de este lunes, contempla una dotación de 100 millones de euros para los próximos cuatro años, a razón de 25 millones anuales frente a los 12,25 millones de este año, en el que a Galicia le tocó gestionar la peor oleada incendiaria desde 1989, con más de 110.000 hectáreas calcinadas.
"Non entendemos a postura da Fegamp", señaló la conselleira de Medio Rural, que defiende que los argumentos del ente municipalista "soan a escusa de índole política". "É unha irresponsabilidade pola súa parte. Como organización que agrupa a todos os concellos, debería priorizar acadar acordos beneficiosos para todos eles", advirtió a la organización que preside el socialista Alberto Varela, a la que culpó de "enrocarse en argumentos que, en moitos casos, non son nin obxecto do ámbito de actuación deste acordo".
La Xunta defiende que le toca mover ficha sin prolongar más la negociación al hallarse "no tempo de desconto", pues la consellería sostiene que no aprobar el convenio este año "dificultaría" la contratación de las empresas que se harán cargo de los desbroces, así como el fichaje del personal que ejecutará las inspecciones.
Gómez incide en que "a prevención é tarefa de todos: das administracións e tamén dos propietarios"
María José Gómez desgranó los pilares del plan que sitúa "a prevención" como "unha prioridade" y cuyo refuerzo avanzó Rueda en su comparecencia monográfica en el Parlamento en septiembre.
Tras advertir que "a prevención de incendios é tarefa de todos: das administracións e tamén dos propietarios", la exalcaldesa de Guntín recordó que el 98% del territorio está en manos privadas, de manera que sus dueños tienen la "obriga de manter limpas as faixas" de 50 metros que rodean los núcleos de población. Ayudarles en esta labor es el objetivo del convenio que hasta ahora su departamento venía reeditando desde 2018 con Seaga y la Fegamp.
En el ejercicio en curso son 291 los concellos adheridos -el 93% del total-, de los cuales 268 tienen un plan municipal de prevención y defensa contra los fuegos forestales, un documento obligatorio para cuya redacción la Xunta ofrece apoyo.
Bajo el paraguas del convenio, Gómez indicó que entre 2021 y 2024 se inspeccionaron 2,3 millones de parcelas que juntas suman más de 170.000 hectáreas. "Cremos neste sistema", recalcó la conselleira, que explicó que las negociaciones con la Fegamp para renovar el marco para los próximos cuatro años arrancaron el 3 de octubre.
Entre "as melloras" citadas por Gómez figuran el hecho de que se duplica el presupuesto hasta los 25 millones anuales, que comprenden este fondo "específico" de limpieza de las franjas o la prestación de un mayor apoyo a los concellos de menos de 10.000 habitantes, "que teñen menos recursos" para realizar gestiones como las comunicaciones a los vecinos y las inspecciones y controles e incluso para abordar los trámites necesarios para la imposición de sanciones a los incumplidores, tareas que asumirá Medio Rural. El convenio también prevé, en las zonas de mayor riesgo, la Xunta agilizará la ejecución subsidiaria de las limpiezas cuando el propietario no lo haga o no se logre dar con él.
En esta línea, las parroquias priorizadas pasarán de 157 a 276, lo que facilitará a los propietarios de fincas ubicadas en estas localidades contratar con Seaga las rozas a un coste de 420 euros por hectárea.
Bajo el paraguas del convenio, los concellos tendrán cubierta por la Xunta la limpieza subsidiaria de 10 hectáreas "tanto nas parroquias priorizadas como nas que non o están, quedando a criterio de la corporación municipal determinar las zonas de actuación "máis urxentes". Además, la Xunta seguirá desbrozando en cada término municipal 12 kilómetros de vías a criterio de los ayuntamientos y se "ampliará o suministro" de especies que se pueden plantar en las franjas secundarias para facilitar su gestión, como frondosas y frutales.
"Todas son medidas beneficiosas para os municipios adheridos e para os seus propios veciños", insistió la conselleira, que por ello asegura "non entender" que la Fegamp comunicase la semana pasada "que non estaba dacordo co texto proposto".
Las demandas de la Fegamp
El pasado jueves, en un comunicado la Fegamp confirmó el rechazo "por maioría" de la última oferta de la consellería, a la que apeló a "seguir negociando na procura dun maior consenso". Entre las demandas puestas sobre la mesa figuraba reducir a dos años la vigencia del acuerdo, prorrogable por otros dos para hacerlo coincidir con el final del mandato de la comisión ejecutiva, y seguir negociando ampliar las intervenciones en núcleos especialmente amenazados.
Otra demanda del ente era elevar de 10.000 a 15.000 habitantes el abanico de concellos que podrán recibir más apoyo de la Xunta para afrontar la gestión de la biomasa, además de instar al Gobierno gallego a asumir "o procedemento sancionador na súa totalidade", con el fin de que los alcaldes no sean los que tengan que rubricar las multas a los vecinos.
En materia de financiación, la Fegamp demandó al Gobierno gallego dar marcha atrás en la intención ce retener un 30% del Fondo de Cooperación Local (FCL) a los municipios que no se adhieran al convenio para la limpieza de los 50 metros y que incumplan con los desbroces, un planteamiento incluido en los Orzamentos para 2026. Además, la organización insistió en que los recursos obtenidos por los ayuntamientos a cargo del FCL deben tener carácter de fondos "incondicionados".
