La Xunta obligará a repotenciar los parques con molinos de más de 25 años
El proyecto de ley de medidas fiscales y administrativas que acompaña a los Orzamentos de 2025 sirve, un año más, de cajón de sastre a la Xunta para la inclusión de cambios normativos que afectan a todo tipo de sectores. Y, de nuevo, el eólico copa uno de los capítulos más extensos.
Entre las novedades figura que las repotenciaciones de parques de competencia autonómica —los de menos de 50 megavatios (MW)— se declaran "de interese xeral" con el objetivo manifiesto de "reducir o seu impacto no territorio e no medio ambiente" mediante la retirada de los aerogeneradores más antiguos.
Se trata de sustituirlos por otros más modernos, cuya altura supera hoy en día los 100 metros y con potencias unitarias que rebasan los 4 MW.
La Xunta aspira a "reducir" el número de molinos, instalando máquinas "máis capaces ou eficientes", aunque manteniendo la potencia autorizada en su día. Como mínimo, el titular deberá reducir "á cuarta parte" las turbinas existentes, "salvo que as condicións e valores ambientais do emprazamento desaconsellen a instalación de aeroxeradores do tamaño" que permita alcanzar el mencionado recorte.
La autorización de estas acciones incluirá para los promotores la obligación de desmantelar la maquinaria obsoleta y de restituir ambientalmente los terrenos que ya no resulte necesario explotar.
La modificación que la Xunta hace de la ley eólica de Galicia de 2009 estipula que las repotenciaciones serán "obrigatorias" para todos los titulares de los parques en funcionamiento cuando entre en vigor esta nueva disposición adicional, el próximo 1 de enero.
Dando un paso más, se establece que, mientras no entre en vigor el nuevo Plan sectorial eólico de Galicia en el que el Gobierno de Alfonso Rueda está trabajando, las explotaciones que deberán someterse a esta 'actualización' son los parques cuyos aerogeneradores hayan alcanzado "o final" de la vida útil consignada en los proyectos de ejecución autorizados en su día.
Y, de faltar esta especificación, el Gobierno decreta que toca remodelar las instalaciones cuyos molinos "tivesen acadado 25 anos dende a súa posta en funcionamento", lo que desde 2025 engloba a los parques que comenzaron a operar antes del 2000. Ante una actuación que exigirá potentes inversiones, la Xunta especifica que quedarán al margen los parques que no excedan las diez máquinas.
¿Cuánto tiempo tendrán los promotores?
La ley de acompañamiento indica que los titulares de los parques que se encuentren en esta situación desde enero estarán "obrigados" a presentar a la administración la solicitud de repotenciación y el proyecto correspondiente "no prazo de 18 meses". Esto sitúa el 'deadline' en julio de 2026.
En el caso de las instalaciones que se queden anticuadas tras la entrada en vigor de los cambios, el reloj comenzará a correr al cumplirse las condiciones establecidas.
Si las empresas no mueven ficha, será el Gobierno autonómico el que podrá requerirles que lo hagan. De hecho, podrá peinar las autorizaciones en vigor en busca de instalaciones que deban ser 'remozadas'. Incluso se reserva la opción de "revogar" alguna autorización en caso de que el promotor incumpla la obligación de actualizar su instalación o se retrase de forma "inxustificada".
Y para evitar que la producción de electricidad pueda verse bruscamente interrumpida, el Ejecutivo contempla que las repotenciaciones se hagan "por fases".
El primer parque instalado en la comunidad se inauguró en noviembre de 1987 en Mañón, con 12 molinos de apenas 30 kilovatios. De los cerca de 3.900 MW operativos, el 77% se construyó antes de 2008, cuando arrancó el parón eólico que se prolongó durante años con la suspensión del concurso que impulsó el bipartito al llegar el PP a la Xunta.
En caso de litigio, el plazo de 3 años para levantar un parque deja de correr
Atendiendo a una demanda de la patronal Ega, la ley de acompañamiento modifica la ley eólica para evitar que las autorizaciones administrativas de construcción de los parques caduquen mientras los proyectos estén afectados por un procedimiento judicial.
La medida cobra relevancia en un escenario en el que 59 proyectos permanecen en suspenso a la espera de que el TSXG resuelva las denuncias que les afectan. En concreto, la Xunta especifica que los tres años de los que dispone el promotor para poner un parque en funcionamiento tras obtener la autorización previa de construcción quedarán "suspendidos" en caso de litigio.
Seis meses para adaptar el canon eólico a las repotenciaciones
La Xunta tendrá seis meses —hasta julio— para presentar un proyecto de ley al Parlamento para modificar el canon éolico y adecuarlo a las repotenciaciones. Se trata de amoldar el tributo —que grava el número de molinos— a la reducción de los aerogeneradores y, "en especial, ás afeccións visuais derivadas da súa altura".
En 2025, la recaudación prevista en concepto de canon eólico se mantiene en 22,4 millones de euros, en línea con la de 2024.
El Gobierno podrá declarar zonas de aceleración eólica
La intención de la Xunta de actualizar el Plan sectorial eólico aprobado 1997 también tiene cabida en la ley de acompañamiento de los Orzamentos, que constata que se trata de "ordenar e regular" la implantación de molinos y líneas de evacuación con el fin de impulsar el despliegue de una fuente renovable "esencial no cumprimento" de los objetivos ambientales de la UE.
El Gobierno gallego incide, asimismo, en que la nueva planificación deberá dejar claro que el aprovechamiento energético deberá revertir en que "os beneficios sociais e económicos" se queden en el territorio, además de reducir la factura eléctrica a consumidores e industrias de las zonas "de influencia dos proxectos" fomentando la constitución de comunidades energéticas.
La Xunta fija que fuera de las áreas incluidas en el plan no podrán implantarse turbinas, aunque prevé varias excepciones, como cuando se trate de ampliar una explotación existente o, por ejemplo, si declara un parque "de especial interese público social e económico".
Otra novedad es la regulación de las zonas de aceleración eólica, que se podrán designar donde no se prevea que el despliegue de molinos "vaia ter un impacto ambiental significativo", siguiendo una directiva europea.
Los municipios catalogados como mineros tendrán trato preferente en subvenciones
En sus 222 páginas, la ley de acompañamiento introduce la declaración de municipios mineros. Esta figura les abrirá la puerta, por ejemplo, a un trato diferenciado en el acceso a subvenciones autonómicas.
Serán 'etiquetados' como tal los concellos en los cuales en los últimos diez años existiese "unha especial incidencia" de esta actividad para su economía, lo que dependerá de requisitos como "la creación ou mantemento" de 40 empleos, contar con más de cinco yacimientos o con explotaciones que sumen más de 2.500 hectáreas.
También lo serán los concellos donde se extraigan minerales que la UE haya declarado críticos o estratégicos aquellos con actividad en el pasado y que hoy atesoren un patrimonio minero "tanxible ou intanxible" que pueda ser "posto en valor".
Dando un paso más, podrán lograr el distintivo aquellos en los que un proyecto pueda suponer "a mellora das condicións de vida dos habitantes", entre otras variables.
