Vuelco a las Zonas de Bajas Emisiones por su impacto en las rentas más bajas
La Asamblea Nacional francesa ha dado un paso histórico al aprobar la abolición de las Zonas de Bajas Emisiones (ZFE) en una votación que ha finalizado con 26 votos a favor, 11 en contra y 9 abstenciones. La comisión especial encargada de estudiar el Proyecto de Ley de Simplificación ha justificado esta decisión argumentando que estas restricciones al tráfico están penalizando de manera desproporcionada a los hogares con menos recursos económicos, incapaces de renovar sus vehículos por otros menos contaminantes.
Durante la sesión parlamentaria, celebrada mediante escrutinio público donde cada diputado debía expresar en voz alta su decisión, el Gobierno de Emmanuel Macron intentó defender la permanencia de estas zonas restrictivas. El ministro de Industria y Energía, Marc Ferracci, junto a la ministra de Transición Ecológica, Agnès Pannier-Runacher, presentaron datos sobre la reducción efectiva de emisiones contaminantes, especialmente óxidos de nitrógeno (NOx), en ciudades como París y Lyon. Sin embargo, estos argumentos no fueron suficientes para convencer a la mayoría de los diputados, incluyendo representantes de la Agrupación Nacional (RN), Los Republicanos (LR) e incluso algunos miembros del propio partido de Macron.
¿Qué son las Zonas de Bajas Emisiones y cómo funcionan?
Las Zonas de Bajas Emisiones son áreas urbanas donde se establecen restricciones de circulación para determinados vehículos con el objetivo de reducir la contaminación atmosférica. Estas limitaciones suelen basarse en la tecnología de propulsión de los automóviles y en la clasificación por etiquetas ambientales. En España se conocen como ZBE y ya están implementadas en ciudades como Madrid, Barcelona o Valencia.
El sistema francés, similar al español, ha generado controversia desde su implantación por lo que muchos consideran un enfoque elitista: obligar a los propietarios de vehículos antiguos —generalmente personas con menos recursos— a renovar su parque móvil o verse excluidos de circular por determinadas zonas urbanas. Esta percepción de inequidad ha sido determinante en la decisión del parlamento galo.
El conflicto con la normativa europea
Aunque la decisión del parlamento francés se ha producido de forma unilateral, conviene recordar que las Zonas de Bajas Emisiones forman parte de una normativa europea que los estados miembros deben acatar. Un precedente significativo ocurrió en Madrid, donde el Gobierno de José Luis Martínez-Almeida intentó eliminar la ZBE creada por su predecesora, Manuela Carmena, pero se encontró con la firme oposición de Bruselas.
Este conflicto entre las decisiones nacionales y las directrices comunitarias plantea un escenario de incertidumbre jurídica que podría extenderse a otros países europeos. La Comisión Europea deberá ahora pronunciarse sobre la decisión francesa y sus implicaciones para la política medioambiental comunitaria.
El debate sobre justicia social y transición ecológica
La controversia alrededor de las Zonas de Bajas Emisiones pone de manifiesto la tensión entre dos objetivos aparentemente compatibles pero que en la práctica generan fricciones: la lucha contra la contaminación atmosférica y la garantía de movilidad para todos los ciudadanos independientemente de su nivel de renta.
Los defensores de estas zonas argumentan que son imprescindibles para reducir los niveles de contaminación en las grandes urbes y cumplir con los objetivos climáticos internacionales. Por el contrario, sus detractores señalan que suponen una carga desproporcionada para las clases trabajadoras y las personas con menos recursos, que no pueden permitirse cambiar sus vehículos antiguos por otros menos contaminantes.
