La DGT cambia las normas: el GPS podría dejar de avisarte de estos radares en carretera
La Dirección General de Tráfico (DGT) ha planteado una reforma normativa que eliminaría los avisos de radares en dispositivos GPS y aplicaciones de navegación como Google Maps, Waze o TomTom. La propuesta, impulsada por el organismo que dirige Pere Navarro, busca restringir la capacidad de estos sistemas tecnológicos para alertar sobre la ubicación exacta de los controles de velocidad en las carreteras españolas. Esta iniciativa ha generado un intenso debate entre conductores y expertos en seguridad vial durante estos primeros meses de 2026.
El proyecto de la DGT contempla impedir que las aplicaciones informen sobre radares móviles y controles policiales en tiempo real, siguiendo el modelo implementado en Francia desde hace varios años. Según fuentes del organismo, la medida responde a la necesidad de reforzar la efectividad de los dispositivos de control de velocidad, cuya capacidad disuasoria habría quedado mermada por la popularización de las alertas digitales entre millones de usuarios españoles.
Tráfico argumenta que los avisos previos reducen la eficacia sancionadora al permitir que los conductores moderen temporalmente su velocidad únicamente en las proximidades de los radares, para volver a acelerar una vez superado el punto de control. Este comportamiento, conocido como efecto acordeón, provoca frenazos bruscos que pueden resultar peligrosos para la circulación y contradice el objetivo principal de fomentar una conducción responsable durante todo el trayecto.
Diferencias entre radares fijos y móviles en la normativa actual
La legislación vigente en España permite los avisadores de radares fijos legalmente instalados, dado que su ubicación consta en bases de datos públicas proporcionadas por la propia administración. Sin embargo, la polémica surge con los radares móviles y los controles aleatorios de alcoholemia y drogas, cuya posición es reportada en tiempo real por comunidades de usuarios a través de aplicaciones colaborativas como Waze o Google Maps.
La DGT considera que informar sobre controles móviles facilita la evasión de las sanciones y permite que conductores infractores modifiquen su ruta o comportamiento justo antes de ser detectados. Desde el organismo se defiende que esta práctica dificulta las labores de vigilancia y reduce la capacidad del Estado para garantizar el cumplimiento de las normas de tráfico en toda la red viaria nacional.
El modelo francés como referencia para España
La propuesta española se inspira directamente en la regulación francesa implementada en años anteriores, que prohíbe a las aplicaciones de navegación mostrar la ubicación exacta de radares móviles y controles policiales. En Francia, las empresas tecnológicas están obligadas a sustituir estos avisos precisos por alertas genéricas de "zonas de peligro" que abarcan varios kilómetros, reduciendo significativamente la utilidad práctica de la información para evitar sanciones.
Este sistema francés ha demostrado ser técnicamente viable mediante acuerdos con empresas tecnológicas, evitando la necesidad de prohibiciones absolutas que resultarían difíciles de aplicar en la práctica. La DGT estudia negociar convenios similares con los principales proveedores de servicios de navegación que operan en territorio español para adaptar sus algoritmos y bases de datos a la futura normativa.
Reacciones de conductores y expertos en movilidad
La medida ha suscitado críticas entre asociaciones de automovilistas y usuarios que consideran que las alertas de radares cumplen una función preventiva esencial. Desde este sector se argumenta que recibir un aviso sobre un control próximo aumenta la conciencia del conductor sobre la importancia de respetar los límites de velocidad, actuando como un recordatorio constante de seguridad vial más que como una herramienta para eludir la ley.
Diversos colectivos interpretan la iniciativa de Tráfico como una medida con intención principalmente recaudatoria, orientada a sorprender a los infractores en lugar de prevenir las infracciones. Argumentan que si el verdadero objetivo fuera mejorar la seguridad vial, se debería apostar por campañas de concienciación y educación en lugar de limitar el acceso a información que ayuda a los conductores a ajustar su comportamiento.
Desafíos técnicos y legales de la implementación
La aplicación práctica de esta reforma normativa presenta importantes retos jurídicos y tecnológicos en 2025. Cualquier cambio legislativo deberá equilibrar el derecho de los ciudadanos a acceder a información pública con la potestad del Estado para garantizar el cumplimiento de las normas de seguridad vial. La DGT es consciente de que prohibir completamente el uso de estas aplicaciones resulta inviable en la era digital.
Por ello, la estrategia más probable pasa por establecer acuerdos de colaboración con las compañías propietarias de las principales plataformas de navegación GPS. Estos convenios implicarían modificaciones en los algoritmos para reducir la precisión de los datos sobre radares móviles y controles policiales, siguiendo el precedente francés que ha servido como modelo de referencia para otros países europeos.
¿Cuándo podría entrar en vigor esta medida?
Hasta la fecha, la DGT no ha establecido un calendario concreto para la aprobación de esta reforma normativa. La propuesta se encuentra en fase de estudio y deberá someterse a procesos de consulta pública, análisis de impacto normativo y tramitación parlamentaria antes de su eventual aprobación. Expertos legales estiman que, de prosperar, la medida no entraría en vigor antes del segundo semestre de 2025 o incluso 2026.
El organismo dirigido por Pere Navarro mantiene contactos exploratorios con empresas tecnológicas y administraciones europeas para evaluar la viabilidad técnica y jurídica de la iniciativa. Mientras tanto, el debate permanece abierto en redes sociales, foros especializados y medios de comunicación, reflejando la división de opiniones entre quienes priorizan la eficacia sancionadora y quienes defienden el valor preventivo de las alertas digitales.
¿Afectará la medida a los avisadores físicos de radares?
La propuesta de la DGT se centra exclusivamente en las aplicaciones digitales y sistemas GPS, sin afectar aparentemente a los dispositivos físicos avisadores de radares que algunos conductores instalan en sus vehículos. Estos aparatos, que detectan las señales electromagnéticas emitidas por los radares, operan bajo un marco legal diferente y su regulación no forma parte del debate actual sobre aplicaciones de navegación.
No obstante, Tráfico ha manifestado históricamente su intención de restringir cualquier sistema que dificulte las labores de control y vigilancia en carretera. Algunos expertos no descartan que, si la reforma sobre aplicaciones digitales prospera, pueda abrir la puerta a futuras restricciones sobre otros dispositivos o sistemas tecnológicos utilizados para detectar o evadir controles de tráfico.
