Fiscalía ha mantenido la petición de cinco años de cárcel por dos delitos de sustracción de menores y ha sumado el de desobediencia para Juana Rivas, que permaneció un mes en paradero desconocido con sus dos hijos para no entregarlos al padre italiano.
El Ministerio Público ha elevado a definitiva la petición de condena a cinco años de prisión para esta madre de Maracena tras el juicio celebrado este miércoles, durante unas cuatro horas, en el Juzgado de lo Penal 1 de Granada, en el que Rivas ha reiterado que se siente víctima de violencia de género y ha defendido su inocencia.
Juana Rivas ha declarado que se fue en mayo de 2016 con sus dos hijos de la isla de Carloforte, en Italia, y no volvió porque "no quería vivir más bajo las torturas" de su expareja y que, ya en España, no le entregó a los niños pese a conocer las resoluciones judiciales que le obligaban a ello, porque estaban "escapando del maltrato" y quería proteger su "integridad física y psicológica".
"Cómo los iba a entrar", ha llegado a decir a preguntas del fiscal, reconociendo que sabía que le estaban requiriendo a sus hijos pero creía "imposible" que finalmente fuera obligada a entregarlos para que regresaran a Italia, donde están escolarizados y residían hasta que ella decidió marcharse porque era "insoportable" continuar allí.
Rivas ha relatado que llegó "aterrada" de Italia y, a preguntas de su letrado, ha descrito una situación en la que "siempre fue actuando dentro de lo que le iban diciendo" sus distintos asesores y abogados, que si bien le advirtieron de que "podría tener represalias y dificultades" no le hablaron de que podía enfrentarse a "años de cárcel y retirada de la patria potestad", ha dicho.
Ha afirmado que le explicaron que no tenía que entregar a los niños mientras hubiera recursos y que luego, cuando se acudió al Tribunal Constitucional, le plantearon que no era "producente" hacerlo hasta que existiera una resolución, de modo que fue cuando le transmitieron que no había "más armas legales" cuando, tras permanecer un mes en paradero desconocido con ellos, decidió entregarlos. Así lo ha expuesto en el transcurso del juicio, en el que se enfrenta a una petición fiscal de cinco años de cárcel por presunta sustracción de menores, y donde el juez ya ha advertido de que ésta "no es una causa de malos tratos".
El padre de los menores ha declarado por videoconferencia desde la isla de Carloforte en la que reside con los niños y ha recordado que al principio, desde mayo de 2016, sí hablaba con los hijos, una relación que se fue debilitando hasta que le impidieron las comunicaciones en noviembre de ese año, lo que motivó su denuncia.
Ha negado ser un maltratador, ha relatado que estaban inscritos como familia en Italia, que la relación con los niños era normal y que no los volvió a ver hasta su entrega en agosto de 2017.
La perito que hizo el informe psicológico a petición del Juzgado de Primera Instancia 3 de Granada que ordenó a Rivas entregar a los niños ha apuntado que no percibió "riesgo grave" que impidiera a los menores volver con Arcuri, con quien tenían "vinculación positiva".
La Fiscalía ha modificado su escrito de acusación para unir a los dos delitos de sustracción de menores un tercero en concurso medial de desobediencia, lo que no altera la pena, y ha pedido una sentencia condenatoria al creer que los hechos han quedado justificados igual que el "reiterado incumplimiento" de sentencias.
El abogado de Arcuri, Enrique Zambrano, se ha sumado a las tesis de la Fiscalía y ha considerado demostrado que impidió la relación del padre con sus hijos y quiso hacerla definitiva mientras la defensa de Rivas ha pedido su absolución al interpretar que no existe delito porque no hubo intencionalidad ni "dolo", a lo que ha sumado que de haberlo sería solo uno y no dos porque es una causa "familiar".
Rivas ha aprovechado la última palabra para rogar que le devuelvan a sus hijos tras escapar de la violencia y, a preguntas de los periodistas, ha confiado en su absolución y ha dicho que seguirá luchando.
