Gallinas en casa: límites legales para evitar multas
En España, la tenencia de gallinas para consumo doméstico está sujeta a una regulación estricta que establece límites claros sobre cuántos ejemplares se pueden criar legalmente sin enfrentarse a sanciones.
Según establece el Real Decreto 637/2021, los particulares pueden mantener hasta 30 gallinas ponedoras o un máximo de 50 pollos destinados al engorde sin sobrepasar la normativa vigente. Esta limitación responde a la necesidad de controlar las pequeñas explotaciones avícolas y garantizar tanto el bienestar animal como la seguridad alimentaria.
Las autoridades sanitarias españolas exigen, además, que cualquier actividad de cría de aves, incluso a pequeña escala para autoconsumo, sea debidamente registrada ante los organismos competentes. Este registro no constituye un mero trámite burocrático, sino que representa una herramienta fundamental para el control epidemiológico, especialmente relevante ante posibles brotes de enfermedades como la gripe aviar. El incumplimiento de esta obligación puede acarrear sanciones económicas considerables que oscilan entre los 600 y los 3.000 euros, variando según la gravedad de la infracción detectada. En casos donde se identifiquen riesgos para la salud pública, las multas podrían incrementarse significativamente.
La normativa se ha vuelto más estricta en los últimos años, coincidiendo con el aumento de personas interesadas en la autosuficiencia alimentaria y la cría de animales en entornos urbanos y periurbanos. Esta tendencia, potenciada tras la pandemia, ha llevado a muchos ciudadanos a instalar pequeños gallineros en sus jardines o terrazas sin conocer adecuadamente las obligaciones legales asociadas.
Requisitos legales para criar gallinas en domicilios particulares
Más allá del número máximo permitido, la legislación contempla otros aspectos fundamentales para la cría doméstica de aves. En primer lugar, es obligatorio registrar la actividad en el Registro General de Explotaciones Ganaderas (Rega), trámite que debe realizarse en las consejerías de agricultura de cada comunidad autónoma. Este proceso, aunque pueda parecer excesivo para quien solo mantiene unas pocas gallinas, resulta esencial para el control sanitario y la trazabilidad en caso de brotes de enfermedades aviares.
Los requisitos no terminan con el registro. Las instalaciones donde se alojen las aves deben cumplir con condiciones mínimas de bienestar animal, incluyendo espacio suficiente, ventilación adecuada, protección frente a depredadores y condiciones higiénicas apropiadas. Se estima que cada gallina necesita, como mínimo, un metro cuadrado de espacio para desenvolverse adecuadamente, aunque las recomendaciones de bienestar animal sugieren espacios más amplios.
Adicionalmente, las aves deben someterse a controles veterinarios periódicos y vacunaciones obligatorias, especialmente contra enfermedades como la salmonelosis. Estos controles sanitarios son imprescindibles no solo para la salud de las propias aves, sino también para evitar problemas de salud pública, considerando que los huevos y la carne producidos están destinados al consumo humano.
Sanciones por incumplimiento de la normativa avícola
El régimen sancionador aplicable a quienes incumplen la normativa sobre cría doméstica de aves se estructura en varios niveles según la gravedad de la infracción. Las multas más leves, que parten de los 600 euros, suelen aplicarse a quienes mantienen un número ligeramente superior al permitido o presentan deficiencias menores en las instalaciones que no comprometen gravemente el bienestar animal ni la seguridad sanitaria.
Las sanciones intermedias, que pueden alcanzar los 1.500 euros, corresponden habitualmente a la falta de registro en el Rega o a deficiencias significativas en las condiciones de mantenimiento de las aves. Por último, las multas más elevadas, que llegan hasta los 3.000 euros o incluso superan esta cantidad en casos excepcionales, se reservan para situaciones donde existe un riesgo contrastado para la salud pública o casos de hacinamiento extremo.
Al margen de las sanciones económicas, las autoridades pueden decretar el decomiso de los animales e incluso la clausura temporal o definitiva de las instalaciones en casos graves. Conviene señalar que la reincidencia constituye un agravante que puede elevar sustancialmente la cuantía de las multas.
¿Por qué se regula la cría doméstica de gallinas?
La regulación estricta responde a varios factores de interés público. En primer lugar, el control sanitario resulta fundamental para prevenir la propagación de enfermedades zoonóticas como la salmonelosis o la gripe aviar, que pueden transmitirse de las aves a los humanos. La crisis de la gripe aviar ha demostrado la importancia de mantener un registro actualizado de todas las explotaciones avícolas, independientemente de su tamaño.
En segundo lugar, las normativas buscan garantizar condiciones dignas para los animales, evitando situaciones de hacinamiento o maltrato que podrían darse en gallineros improvisados sin criterios adecuados. Finalmente, existe también una dimensión de convivencia vecinal, ya que la presencia de gallinas puede generar molestias por ruidos u olores si no se mantienen adecuadamente.
