El Estado sostiene que Franco no adquirió el Pazo de Meirás porque los posibles títulos de adquisición de 1938 y 1941 "son nulos, el primero por defecto de forma y el segundo por simulación absoluta"; que es la administración la que adquiere el bien por usucapión "por uso continuado para fin público"; y que los herederos no han adquirido el dominio sobre el pazo porque "no tienen ningún título válido" y el "bien es intransmisible", tampoco por usucapión porque al ingresar el pazo en el dominio público es imprescriptible.
Por su parte, la defensa de los Franco contempla la nulidad de la escritura del 38 pero no de la del 41, porque "la voluntad de todas las personas que participaron" en aquel momento "era inequívoca" acerca de realizar una transmisión dominical del inmueble a Franco y de este de poseerlo, pues consideraba que "Meirás era suyo", y descarta que el Estado se puede arrogar como poseedor en concepto de dueño para usucapir el bien porque la persona física que poseyó el pazo y lo usó como su residencia fue Franco.
Además, alega el letrado, aunque la administración hubiera poseído o estuviera presente en el pazo por ser Franco jefe del Estado no lo hizo en exclusiva ni ininterrumpidamente, puesto que el dictador asumió determinados gastos y además la Administración pública le giraba cada año los recibos de contribución por ejemplo, por lo que no cabría la usucapión que alega el Estado, apostilla. También argumenta que aunque hubiera usucapido el Estado el inmueble en 1975, cuando murió Franco, se evidencia desde ese momento, dice el abogado, un abandono del derecho de propiedad porque "se desentendió del pazo, no asumió los gastos, designó otros edificios como residencia del jefe del Estado" y "explícitamente a efectos administrativos o registrales" designó a los herederos como propietarios, aún habiendo un guarda hortelano hasta 1990.
Ello ocurre casi 30 años antes de que el Estado se arrogue un derecho sobre esta propiedad al presentar la demanda, apunta el letrado en relación al periodo necesario para la usucapión extraordinaria, y es "incontrovertida la usucapión ordinaria", para la que se requieren diez años, pues la demandante reconoce la posesión de los herederos desde 1990 a todos los efectos, zanja.
En esta cuarta y última jornada del juicio, celebrado en el Juzgado de Primera Instancia número 1 de A Coruña y con la Xunta, los Ayuntamientos de Sada y A Coruña y la Diputación provincial como partes, han comparecido dieciséis testigos, entre ellos vecinos de Meirás, historiadores, peritos o un funcionario. Algunas de las declaraciones han sido más personales, como las del vecino de Meirás que aseguraba que a su abuela la habían "expulsado de su casa" para ampliar la propiedad del pazo, y otras, casi todas, se remontaban al año 1938 para relatar que la suscripción popular no fue voluntaria sino "forzosa".
Este jueves el letrado de la Xunta, que se respaldó las argumentaciones del Estado, como las demás partes, ha instado a recordar a quienes realizaron aportaciones de una u otra forma para el inmueble y ha añadido que si "fue adquirido con dinero y sudor del pueblo debe ser devuelto por fin al pueblo". Sin embargo, apunta el abogado de los Franco, "es irrelevante a efectos de este litigio si las aportaciones para sufragar el pazo eran voluntarias o forzosas porque no salieron del erario público, sino de ciudadanos particulares que no son parte en el procedimiento".
Las partes han coincidido en que "hay que hacer justicia histórica" pero, ha finalizado el letrado de los herederos, "este no es el lugar" sino que esas cuestiones deben dilucidarse "en otros foros". "Este no es un juicio político ni histórico, no va de si Franco era bueno, malo o regular", ha concluido Gil antes de quedar el caso visto para sentencia.
