Freno a la creación de universidades privadas: el Gobierno fija un mínimo de 4.500 alumnos y residencias para alojarlos

Una oferta mínima de diez grados, seis másteres y tres doctorados y contar con al menos 4.500 estudiantes. Son algunas de las exigencias que fija el decreto que regirá la creación, reconocimiento y autorización de universidades y centros universitarios, que actualiza las reglas de juego fijadas en 2021 para "asegurar la solvencia económica, la capacidad de investigación y la disponibilidad de equipamiento y servicios de calidad".

La nueva norma, aprobada este martes por el Consejo de Ministros y que persigue poner coto a la proliferación de instituciones privadas, entrará en vigor el día 27 tras su publicación este miércoles en el Boletín Oficial del Estado. "Establecemos criterios de calidad que determinan si una institución puede llamarse universidad o es otra cosa", señaló en rueda de prensa la ministra del ramo, Diana Morant, que defendió que el Estado ejerce sus competencias en materia de "regulación y ordenación" del sistema universitario con el fin de "proteger la calidad" de estas enseñanzas superiores.

Los centros de nueva creación deberán demostrar solvencia económica y la disponibilidad de recursos suficientes presentando un aval financiero. En este punto, se liga la obtención de recursos con el hecho de contar con masa crítica.

Así, se exigirá contar con al menos 4.500 matriculados, con un mínimo de titulaciones en al menos tres ramas de conocimiento y con capacidad para formar equipos de investigación "relevantes".

En este sentido, las nuevas instituciones deberán invertir el 5% del presupuesto a investigación y atraer recursos externos equivalentes al 2%. Además, sus equipos científicos deberán captar financiación en concurrencia competitiva.

Las exigencias se extienden a que al menos el 50% del profesorado ha de ser doctor, en tanto que seis de cada diez han de ser investigadores acreditados. La prioridad es ampliar "la transferencia de conocimiento" de la universidad a las empresas.

Entre los aspectos que el ministerio ha flexibilizado atendiendo al dictamen del Consejo de Estado figura la retirada del requisito de que la entidad que promueva el proyecto tenga experiencia en gestión universitaria. En cambio, el equipo directivo de la institución sí deberá contar con una trayectoria "contrastable" en este campo.

El ministerio también ha reculado en el sentido de que el informe que la Conferencia General de Política Universitaria deberá emitir para que una institución amplíe su oferta de titulaciones no será vinculante.

Tocará crear plazas en residencias para que los alumnos tengan acceso a un techo

Para autorizar nuevos centros, se requerirá un informe vinculante de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación o de la Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (Acsug). Lo elaborarán profesores elegidos por sorteo. Hasta ahora, técnicos del ministerio emitían un informe de calidad que era preceptivo, pero cuyo resultado negativo no impedía a las comunidades autorizar nuevos proyectos.

Con la crisis habitacional arreciando, las universidades de nueva creación deberán ofrecer plazas de alojamiento equivalentes al 10% de su alumnado. Podrán construir residencias —el Gobierno ofrecerá suelo público y préstamos Ico— o sellar convenios con empresas.

El ministerio, que insiste en que no pretende "cerrar" ninguna institución, señala que "casi todas las universidades" que hoy están operando cumplen con las pautas fijadas. Las que no dispondrán de tres años, un margen que para las de reciente creación será de cinco, seis en lo que toca al mínimo de alumnos a alcanzar y hasta siete para cumplir algunas de las metas en materia de investigación.

De otro lado, los centros deberán rendir cuentas del cumplimiento de las exigencias anualmente. efecto en Galicia.

Impacto en Galicia: la UIE y el proyecto de Cesuga, en el foco

En Galicia, los nuevos requisitos regirán para la Universidad Intercontinental de la Empresa (UIE), que en este curso —el cuarto desde su puesta en marcha— tiene 765 alumnos repartidos entre sus campus de A Coruña y Vigo. Inmersa en la ampliación de su oferta formativa, imparte seis grados —Ingeniería en sistemas inteligentes, Administración de negocios digitales, Ade, Psicología, Derecho e Ingeniería de la Empresa—, a los que sumará Enfermería —con HM Hospitales— y un máster habilitante en Psicología General Sanitaria y otro en Ciberseguridad. La UIE, que tiene residencia en Pontevedra, criticó en su día que el Gobierno prime "la masificación" en vez de la calidad, que asocia a un cupo reducido de alumnos por docente.

De su lado, Cesuga, que inició en 2021 los trámites ante la Xunta para convertirse en universidad privada, obtuvo un informe desfavorable aunque no vinculante de la comisión delegada del Consejo General de Política Universitaria del ministerio. Actualmente, imparte en A Coruña cuatro grados como centro adscrito a la zaragozana Universidad San Jorge, un convenio que vence a finales del curso.

La Xunta apunta a una invasión de competencias 

Mientras el Gobierno de la Comunidad de Madrid anunció este martes que recurrirá el decreto que fija nuevos requisitos para crear universidades, la Xunta apuntó a "unha invasión de competencias" autonómicas. Fuentes del departamento que dirige Román Rodríguez indicaron que la norma "discrimina" a las comunidades con menos habitantes al imponer un suelo de 4.500 matriculados. Además de criticar que se primen "indicadores de cantidade en vez da calidade", la consellería censura la tramitación urgente del texto y la imposición de nuevas "obrigas" para los gobiernos autonómicos "sen poñer fondos".

La Xunta, que incide en que en Galicia las universidades públicas copan "o 99,8% do alumnado", augura que la norma propiciará que las privadas "sexan cada vez máis grandes, con máis títulos e alumnos".

Las 96 universidades operativas en España cuentan con 1.875.000 matriculados en el curso 2025-26, un récord. Pese a celebrarlo, la ministra advirtió este jueves que el aumento "lo absorbe casi en exclusiva" el sector privado, con 46 centros. Estos copan el 30% del estudiantado, el doble que en 2015 y crecen de forma "intensa" en ciencias de la salud. Para ampliar la oferta pública, Diana Morant llama a las comunidades a incrementar la financiación