Galicia despide un 2025 en el que amplió su autogobierno tras 17 años de sequía
Tras permanecer con el contador a cero desde que en 2008 el bipartito se hiciera cargo de la homologación y convalidación de títulos extranjeros no universitarios, el pasado 1 de julio Galicia ampliaba su autogobierno con la gestión y ordenación del litoral.
En una jornada que el presidente de la Xunta calificó de "histórica", la tirantez que marca las relaciones entre Gobierno gallego y Estado dio paso el 9 de abril —cuando se selló la transferencia en Santiago— al entendimiento y el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, tendió la mano para explorar nuevas cesiones, pues al contrario que en el caso de su predecesor, Alberto Núñez Feijóo, Alfonso Rueda ambiciona mayores cuotas competenciales.
En el punto de mira están las alertas meteorológicas, desde el convencimiento de que con sus 160 estaciones de recogida de datos, MeteoGalicia debe colaborar con la Aemet, que cuenta con 52 equipos de medición, para afinar la precisión de esos avisos.
La gestión del ingreso mínimo vital y la posibilidad de expedir permisos de trabajo a extranjeros que quieran venir a Galicia son otras de las demandas, junto con la histórica reclamación del traspaso de la AP-9.
La Unidad de Policía Adscrita tensa la cuerda
Desde que en septiembre el conselleiro de Presidencia Diego Calvo, acordó con el secretario de Estado de Política Territorial, Arcadi España, iniciar las reuniones técnicas para avanzar en la transferencia de la gestión de los 38 aeródromos y helipuertos no declarados de interés general, esto es, los enfocados a los traslados sanitarios o a la lucha contra el fuego, y en la expedición de las autorizaciones iniciales de trabajo para extranjeros, la Xunta echa en falta avances.
En un contexto en el que crear un cuerpo propio de policía autonómica —al estilo de los Mossos o la Ertzaintza— no entra en los planes del Gobierno de Rueda, tampoco ha habido novedades en lo que concierne a la Unidad de Policía Nacional Adscrita (Upa) a Galicia.
Tras reclamar durante años reforzar los efectivos para cubrir las 500 plazas previstas para este grupo creado en 1991 con funciones enfocadas a la protección del medio ambiente, el patrimonio histórico, la prevención e investigación de incendios, la seguridad en el Camino de Santiago, las actividades de rescate y subacuáticas o la lucha contra el furtivismo y la seguridad de los edificios y cargos de la Xunta, en los últimos meses San Caetano elevó el tono de la reivindicación. Con la firma de un nuevo convenio en standby, el Ministerio del Interior exige a la Xunta que asuma el 50% de las nóminas —el Estado cubre ahora el 100%—, a mayores de pagar la productividad de los agentes y los costes de funcionamiento de la Upa. En cambio, el Gobierno gallego defiende mantener el statu quo para los efectivos actuales —unos 339— y aplicar las nuevas condiciones solo a las plazas que faltan por cubrir.
Para forzar un acuerdo, San Caetano empezó por reducir los efectivos que cubren la seguridad de instituciones como el Parlamento. Esto desató las críticas de los sindicatos policiales, a los que se sumó la oposición cuando, en los últimos compases de 2025, la Xunta advirtió que si la Upa no se amplía lo siguiente será recortar funciones que ninguna unidad asume en otras autonomías. En el punto de mira está la colaboración en la protección de las víctimas de violencia machista en las urbes, lo que exigirá a la Policía Nacional ocuparse en solitario. Falta ver si el órdago da resultado.
