Nace en Galicia una alianza contra la centralización de los fondos europeos

La delegación española del Comité de las Regiones, bajo la presidencia de Alfonso Rueda, firmó este martes en Santiago la Declaración Galicia, un documento de 25 puntos en el que apelan a la revisión de la propuesta de la Comisión Europea para el próximo marco financiero plurianual 2028-2034 que dé lugar a un presupuesto "ambicioso, equilibrado y justo" que, además, se gestione de forma "descentralizada", reconociendo el papel esencial de las administraciones territoriales en la ejecución de las políticas comunitarias.

"Queremos contribuir como hasta ahora a construir una Unión Europea más fuerte, cohesionada y, sobre todo, próxima en sus decisiones a la ciudadanía, algo que aseguramos las regiones, las provincias y los municipios", resumió Rueda durante el encuentro de la delegación, compuesta por 21 miembros en representación de las comunidades y los entes locales del país, celebrado en la Cidade da Cultura. 

En él, advirtió sobre el "riesgo de centralización" que supondría la propuesta de agrupar catorce fondos en un mismo marco y reiteró que es "esencial" mantener la "participación efectiva" de los gobiernos regionales y locales en el diseño y gestión de las políticas europeas, porque la cohesión territorial "es el corazón de la UE" y "no puede ser sustituida ni diluida".

En concreto, de cara al proceso de negociación que comienza ahora en Europa hasta 2027, cuando se espera el cierre definitivo del marco y la fijación de los montantes asignados a cada país, la Declaración Galicia sostiene que concentrar en planes únicos por Estado miembro un conjunto de recursos "limitados" y destinados a políticas "tan diversas" como la cohesión, la agricultura y la pesca, el empleo y la inclusión social, la vivienda o la seguridad y defensa, "plantea un dilema" a la hora de distribuir esos fondos según las prioridades estratégicas que "puede poner en peligro el consenso en torno a los planes y, por ende, reducir su eficacia". 

Asimismo, teme que se produzca "una centralización de las decisiones" que vaya "en detrimento" del reparto de competencias entre administraciones, lo que "debilita" el papel, por ejemplo, de autonomías y ayuntamientos en la definición de estas prioridades, y puede "comprometer" el "desarrollo equilibrado" de la UE.

Presupuesto con "falta de ambición"

El primero de los seis bloques de la declaración se refiere al propio tamaño del presupuesto comunitario del que reprocha su "falta de ambición" al presentar una propuesta por debajo del 2% de la renta bruta de la UE, "muy inferior al peso relativo de los presupuestos del resto de administraciones públicas" y a su juicio insuficiente para atender los retos interiores y exteriores que afronta Europa.

Al mismo tiempo, lamenta que "se esté reduciendo" la proporción de fondos gestionados de forma compartida entre la Comisión, el Estado y las regiones "en favor" de los gestionados directamente por Bruselas.

Fondos propios de cohesión

Bajo la premisa de que con la corrección de los desequilibrios territoriales, "no solo se beneficia a la regiones receptoras de los fondos, sino que fortalece el mercado único europeo al ampliar las oportunidades para todos y favorecer la inclusión social", la delegación española reclama un presupuesto "específico, diferenciado y suficiente" para la cohesión.

Sostiene que la propuesta actual "no asegura un apoyo suficiente" a todas las regiones ni a aquellas con hándicaps reconocidos –como las zonas rurales, las afectadas por una transición industrial y o las que padecen desventajas naturales o demográficas graves–, lo que a largo plazo "puede provocar nuevas desigualdades".

También echa en falta inversiones interregionales en innovación y partidas "específicas" para estrategias de desarrollo territorial y urbano integrado, "dada su importancia para afrontar retos clave como la vivienda, la adaptación al cambio climático o la despoblación en zonas urbanas, rurales y costeras".

Además, exige "criterios objetivos, claros y concisos" de asignación para evitar una "gran competencia" por los fondos entre territorios.

Agricultura y pesca

La declaración manifiesta su "inquietud" ante la disminución de la financiación de la política agrícola común (PAC) y a la política pesquera común (PPC). 

De cara a este horizonte presupuestario hasta 2034, es uno de los grandes focos de preocupación tanto del Gobierno estatal como de la Xunta, que por un lado calcula que la dotación económica de la nueva PAC supondrá una reducción aproximada de 80 millones anuales para el rural gallego, lo que implica 480 millones menos en el período, dejando especialmente mermado el presupuesto para el desarrollo rural, y por otro rechaza la desaparición del actual Fondo Europeo Marítimo, de Pesca, y de Acuicultura (Fempa) y que se deje a la discreción de los Estados miembros las prioridades y criterios de reparto de unos recursos estratégicos para Galicia. 

Reflejo de estos temores, en el caso del campo la Declaración Galicia critica que se va a exigir un "mayor esfuerzo" de las administraciones españolas a la hora de aplicar la PAC sobre el terreno. 

Y en el del mar, pide que destine los recursos necesarios para la conservación de los recursos biológicos marinos, al ser competencia "exclusiva" de la UE, y que apoye la competitividad de la flota en su adaptación a los retos de la descarbonización, sostenibilidad, digitalización, control y trazabilidad.

De 50 programas a uno solo

En este apartado, recalca que el nuevo marco financiero "no garantiza jurídicamente" la participación de las autoridades regionales y locales ni en la definición de prioridades ni en su ejecución, por lo que solicita que se asegure "un papel clave a todas las autoridades públicas".

Avisa que, en España, la fusión de todos los fondos de gestión compartida en un único plan significaría pasar "de los cerca de 50 programas actuales de fondos, en su mayoría diseñados y ejecutados a nivel autonómico, a uno solo" diseñado a nivel estatal.

Por otro lado, ve "excesivo" tener que reservar un 25% de los presupuestos "a crisis imprevistas".

Participación en las reformas

Las regiones españolas piden "participar, y no solo ser consultadas" en las reformas y recomendaciones trasladadas al país, puesto que hay algunas, como gestión del agua, vivienda o inclusión social, que son competencia autonómica. 

Y demandan que las asignaciones a las comunidades "no se vean comprometidas" si el Gobierno central no cumple con las encomiendas de Bruselas que condicionan la llegada de fondos.

Gestión "eficaz y equitativa"

El último punto recoge tres propuestas para "garantizar" que las necesidades territoriales sean plenamente tenidas en cuenta en el diseño, ejecución y reparto de los fondos europeos. 

La primera es reconocer a los gobiernos autonómicos como "autoridades de gestión" en los ámbitos de su competencia, "promoviendo una colaboración estrecha con las administraciones locales".

La segunda, mantener fondos específicos destinados para el desarrollo territorial y urbano integrado, que permitan continuar impulsando estrategias locales de cohesión, sostenibilidad y la competitividad.

La tercera, impulsar de estructuras de coordinación y cooperación entre los diferentes niveles de gobierno "más ágiles, eficaces y estables" que el actual sistema de conferencias sectoriales.