El Parlamento gallego aprueba la ley para bonificar la compra de material escolar en efectivo

El Parlamento de Galicia ha aprobado este martes sin votos en contra la reforma de la ley que permite bonificar la compra de material escolar pagado en efectivo, y no solo mediante pago electrónico como establecía la normativa inicial. La modificación legislativa ha contado con el respaldo de todos los grupos políticos, con la única abstención del diputado del grupo mixto, Armando Ojea, de Democracia Ourensana.

El conselleiro de Facenda, Miguel Corgos, ha avanzado que la Xunta de Galicia tiene la intención de "darle continuidad en los años sucesivos" a esta rebaja fiscal, que se puso en marcha este 2026 tras incluirla en la ley de acompañamiento de los presupuestos autonómicos. No obstante, ha precisado que el pago en efectivo se permitirá solo en este ejercicio de manera "excepcional", con el objetivo de no perjudicar a las familias que desconocían este requisito.

Desde la oposición, tanto el BNG como el PSdeG han calificado de "chapuza" la gestión inicial de la Xunta, que cometió "un error" al anunciar los requisitos para acceder a la bonificación. Aunque han respaldado la corrección que ahora se aprueba, los grupos parlamentarios reclaman ir al fondo de la cuestión y establecer medidas más contundentes para garantizar la educación pública, como recuperar la gratuidad de los libros de texto que estableció el Gobierno bipartito gallego hace años.

Tramitación de urgencia para la reforma fiscal

Corgos ha intervenido en el pleno del Parlamento para justificar la reforma de la ley, dado que la normativa aprobada inicialmente no incluía para beneficiarse de la bonificación las compras hechas con pago en dinero en efectivo. Esta carencia se corrige ahora con un nuevo proyecto legislativo que todos los partidos han aceptado tramitar por el procedimiento de urgencia, lo que permitirá su entrada en vigor antes del inicio de la campaña de la declaración de la renta.

La modificación entrará en vigor antes del 1 de abril, fecha en la que comienza la campaña de la declaración de la renta, y tendrá carácter retroactivo para incluir las compras realizadas entre el 1 de julio y el 31 de diciembre. De esta manera, las familias que adquirieron material escolar pagando en efectivo durante ese periodo podrán acogerse a la desgravación fiscal en su declaración del IRPF correspondiente al ejercicio 2026.

La reforma se materializa a través de un proyecto de ley de medida excepcional de carácter fiscal que consta de un artículo único. En él se establece que, para la justificación de los gastos en material escolar, "de manera excepcional, este año serán también admisibles las cantidades satisfechas mediante entregas de dinero de curso legal". El titular de Facenda ha justificado que esta modificación se hace "con la finalidad de no perjudicar a las personas que realizaron el pago con dinero por desconocer de buena fe que no se iba a admitir este tipo de pago".

Críticas de la oposición a la "chapuza" de la Xunta

Tanto el BNG como el PSdeG y el grupo mixto han apoyado la tramitación por el trámite urgente de lectura única para no perjudicar a las familias gallegas. Sin embargo, el único diputado de Democracia Ourensana, Armando Ojea, ha decidido abstenerse en la votación final para reclamar a la Xunta que la próxima vez tenga más previsión a la hora de diseñar este tipo de medidas fiscales.

Para la diputada del BNG Noa Presas, el "debate de fondo" no es "arreglar esta chapuza", sino plantear si tiene sentido que los libros escolares, que "no son un objeto de lujo", se sometan a una desgravación fiscal. Presas ha instado a la Xunta a recuperar la gratuidad de los libros de texto, en lugar de "recortar derechos y después dar una limosna". A su juicio, esta rebaja fiscal supone un "alivio escaso e insuficiente" para las familias, que tienen que gastar entre 200 y 250 euros como mínimo y no reciben la ayuda hasta muchos meses después "en diferido".

El diputado del PSdeG Aitor Bouza ha considerado que con esta reforma la Xunta está reconociendo "de facto que cometió un error" y "no hizo sus deberes". Según Bouza, la corrección llega ahora tras la "reivindicación social" de las familias afectadas y de los grupos de la oposición. Los socialistas han votado a favor "no para enmendar esa chapuza, sino por todas esas familias que no pueden quedar desamparadas" por la mala gestión de la Xunta, ha explicado el diputado.

El portavoz parlamentario del PPdeG, Alberto Pazos, ha defendido la legalidad de la reforma y ha replicado a las críticas del BNG y PSdeG calificándolos de "matrimonio Van Gaal de la política gallega" porque siempre ven "todo negativo, nunca positivo", o de ser unos "Grinch" por su "incapacidad" para estar de acuerdo con nada de lo que hace la Xunta. "Son ustedes la amargura personificada, hagánselo mirar. ¡Alegría, disfruten de la vida, que no todo esto es un valle de lágrimas!", les ha exhortado Pazos desde la tribuna parlamentaria.

Requisitos y beneficiarios de la desgravación fiscal

La desgravación por la compra de material escolar tiene como objetivo beneficiar a aproximadamente 60.000 familias gallegas, con un ahorro conjunto estimado en 6,5 millones de euros. La Xunta de Galicia ha establecido una deducción del 15% en la cuota autonómica del IRPF para el ejercicio 2026, con carácter retroactivo para incluir los gastos de la vuelta al colegio del actual curso escolar 2025-2026.

La deducción tiene un límite máximo de 105 euros por cada hijo matriculado en centros educativos. Para poder acceder a este beneficio fiscal, las personas beneficiarias deberán tener una renta per cápita de la unidad familiar de hasta 30.000 euros anuales. Además, la Xunta ha establecido que esta deducción es incompatible con las becas concedidas por la administración para estos mismos gastos, evitando así una doble ayuda por el mismo concepto.

Entre los productos que pueden acogerse a esta desgravación se encuentran libros de texto, cuadernos, material de escritura, mochilas y otros artículos escolares necesarios para el desarrollo de la actividad educativa. La medida pretende aliviar el gasto que supone para las familias gallegas el inicio del curso escolar cada año, especialmente en aquellos hogares con menores ingresos que cumplen los requisitos establecidos en la normativa.