Los VTC se abren paso frente al taxi: la Xunta detecta 43 infracciones en año y medio
La irrupción en Galicia de más actores en el campo de la movilidad como la plataforma tecnológica estadounidense Uber —que esta semana anunció el inicio de operaciones en Vigo y A Coruña, sumándose a otro gran del sector como Cabify, que opera en Santiago y la ciudad herculina— pone el foco en la competencia que para el sector del taxi suponen las empresas dedicadas al alquiler de vehículos de transporte con conductor (VTC) en un escenario en el que las reglas de juego son diferentes para unos y otros.
En la comunidad, es la Xunta la que otorga las licencias a estos operadores y, según la Consellería de Presidencia, son 638 las que están activas, frente a 3.500 de taxi.
En manos del Gobierno autonómico está controlar y sancionar las infracciones de la ley gallega de transporte público de personas en vehículos de turismo de 2013, de los reglamentos que la desarrollan y de la normativa estatal que se perpetren en servicios interurbanos. El foco se pone en comprobar que los operadores cuenten con la debida autorización administrativa; que el servicio se inicie en la comunidad en la que está domiciliada la licencia o en los puertos o aeropuertos de otra, con contrato previo, para volver al territorio en el que se otorgó el permiso, y que se cumple con el requisito de que el cliente haya concertado el desplazamiento con una antelación "mínima de 15 minutos", disponiendo, además, del contrato previo entre la documentación que se lleve a bordo.
La Xunta comprueba, además, que las VTC domiciliadas en Galicia llevan el distintivo en la luna delantera y que el conductor informa al Registro de comunicaciones de servicios de arrendamiento de VTC tanto al inicio como al final del recorrido.
Sobre esta base, en 2024 la Xunta detectó diez infracciones en la provincia de A Coruña y otras tres en Lugo. A estos casos hay que sumar, en lo que va de año, otras 13 vulneraciones de la norma en territorio coruñés y una en Lugo.
Aunque en los trayectos que discurren en un único término municipal las competencias sancionadoras son de los concellos, que tienen en su mano regular los VTC con ordenanzas, la consellería indica que ha podido identificar turismos con este tipo de licencias realizando desplazamiento urbanos, que están reservados a los taxis. El departamento que dirige Diego Calvo constata que los resultados de la inspección han sido enviados a los ayuntamientos, "os competentes para sancionar".
En el caso de A Coruña, este año la Xunta remitió cuatro informes que recogen nueve infracciones al equipo de la socialista Inés Rey, que esta semana culpó al Gobierno gallego de "lavarse as mans" y de "pasar a patata quente" de la regulación de los VTC a los concellos. En el caso de Santiago, se notificaron seis informes al gobierno de la nacionista Goretti Sanmartín para dar cuenta "de sete infraccións" detectadas desde 2024.
Llamada a los concellos a mover ficha
En una semana en la que la Unión de Taxis Galegos y la Federación de Autónomos del Taxi de Galicia llamaron a las administraciones locales a extremar la vigilancia para que los VTC cumplan con la normativa y se abstengan de realizar servicios urbanos, vetados por la normativa autonómica, la Xunta instó al Concello de A Coruña a "regular" los servicios de estos operadores.
En la ley de acompañamiento de los Orzamentos de 2024, el Gobierno gallego habilitó a los ayuntamientos para "outorgar autorizacións habilitantes" a los VTC para prestar servicios urbanos. Eso sí, fijando limitaciones al número de licencias "por motivos ambientais ou vinculados á seguridade viaria".
