AÑOS ATRÁS el sector público asumía sin ningún problema el monopolio de la actividad de determinadas actividades, sobre todo económicas, con el fin, en unos casos de levantar empresas y compañías caídas como consecuencia de las crisis y en otros de sustituir sin más a la iniciativa privada. Hoy, salvo en los colectivismos que empobrecen la vida real de las personas, es verdad que las actividades económicas por lo general han sufrido un lógico proceso de privatización puesto que la riqueza, la prosperidad y la creación de empleo dependen de la pujanza y vitalidad del sector privado y de la economía social. Sin embargo, algunas actividades no económicas como puede ser la televisión o las universidades en ciertos países continúan siendo servicios públicos por obvias razones que ninguna justificación tienen a día de hoy. Al menos en los países desarrollados donde la regulación pública es, debe ser, la garantía de que estas actividades se realizan bajo los postulados de lo que denomino libertad solidaria.
El gran problema se encuentra en la necesidad de regular la exposición de datos que los usuarios y consumidores facilitan a estas grandes compañías
En estos años, a pesar de los pesares, reaparecen los monopolios, ahora bajo formas nuevas. Pensemos en las grandes tecnológicas como Google, Amazon o Facebook, cuyo manejo de los datos de los usuarios y consumidores provoca inquietantes consideraciones. El problema no es tanto dividir o trocear estas compañías como en las primeras décadas del siglo como aconteció, por ejemplo, con el monopolio petrolero en EE.UU.
La cuestión es el efecto red, la acumulación exponencial de datos cedidos por los usuarios y consumidores. Datos que damos a cambio de un servicio de comunicación o de presencia en la red gratuito. Por más que estos gigantes hayan arrinconado con frecuencia a los competidores o los hayan absorbido en algunos casos sin que las autoridades reguladoras hubieran analizado estas prácticas, el gran problema se encuentra en la necesidad de regular la exposición de datos que los usuarios y consumidores facilitan a estas grandes compañías que emplean sin rubor alguno para vender publicidad, bienes o servicios. Aquí está el meollo de la cuestión.
Para evitarlo, se podría pensar en que los datos se conserven en el número de teléfono y que este siga igual aunque se cambie de operadora. En este sentido, podría obligarse a las empresas a compartir los datos con la competencia por un precio regulado, igual que lo que acontece en el sector de las telecomunicaciones, cuyos operadores han de transmitir por sus redes las señales de otros, aunque ciertamente tal posibilidad no es fácil conciliar con la privacidad.
Si no se regula el uso de los datos, la nueva economía digital puede convertirse en la mayor maquinaria de control y dominación masiva que hasta ahora haya visto el mundo mundial. No es ninguna broma.
