Hacienda obliga a los bancos a dar el nombre de los titulares de tarjetas que gasten más de esta cantidad al año
La Agencia Tributaria intensifica su control sobre las finanzas de los ciudadanos y, en una medida clave en la lucha contra el fraude fiscal y el blanqueo de capitales, obligará a las entidades bancarias a reportar las operaciones con tarjetas que superen los 25.000 euros anuales. Esta significativa modificación, que afecta a un amplio espectro de movimientos financieros, se enmarca en el Real Decreto 253/2025, una normativa que entrará en vigor el 1 de enero de 2026 y que busca una mayor transparencia en las transacciones económicas.
Esta reforma no solo pone el foco en el uso de las tarjetas, sino que amplía y detalla los supuestos en los que los bancos, incluyendo también las entidades de dinero electrónico, deben suministrar información al organismo tributario. El objetivo es claro: dotar a Hacienda de herramientas más robustas para detectar y prevenir actividades ilícitas, así como para asegurar el correcto cumplimiento de las obligaciones fiscales. Se trata de una estrategia integral para combatir el fraude fiscal y el blanqueo de capitales en España, adaptándose a las nuevas realidades del mercado financiero.
- Nuevas obligaciones para las entidades financieras
- El foco en las operaciones con tarjetas bancarias
- Control de préstamos, créditos y movimientos en efectivo
- ¿Cuándo entrarán en vigor estas medidas?
El alcance de esta nueva regulación es considerable, pues "se referirá a todo tipo de cuentas, bancarias y no bancarias, cuentas corrientes, de ahorro, imposiciones a plazo, cuentas de crédito, cuentas de pago y cualesquiera otra cuentas con independencia de la modalidad o denominación que adopten, aunque no exista retribución, retención o ingreso a cuenta", según se detalla en la propia normativa.
Esto significa que prácticamente cualquier producto financiero que un ciudadano tenga a su nombre estará a disposición de Hacienda si así lo requiriese el organismo, garantizando una visión completa del comportamiento financiero de los contribuyentes.
Nuevas obligaciones para las entidades financieras
El artículo 37 del mencionado real decreto establece de forma precisa la información que las entidades deberán remitir a la Agencia Tributaria. Esta información a suministrar a Hacienda comprenderá varios puntos esenciales para el control fiscal.
En primer lugar, se exigirán los datos identificativos de los titulares de la cuenta, un elemento fundamental para vincular las operaciones a personas concretas. Además, se deberán reportar los saldos de las cuentas a 31 de diciembre de cada ejercicio, ofreciendo una instantánea del patrimonio en ese momento clave.
Asimismo, se solicitará el saldo medio correspondiente al último trimestre del año, lo que permite una visión más dinámica de la liquidez. Finalmente, las entidades deberán informar sobre los importes totales de los cargos y abonos del ejercicio, proporcionando un panorama completo de los flujos de dinero.
El foco en las operaciones con tarjetas bancarias
Sin duda, una de las novedades más destacadas para el ciudadano de a pie es la que se refiere a las operaciones realizadas con tarjetas. El artículo 38 ter del Real Decreto 253/2025 determina que los bancos habrán de "presentar una declaración informativa anual" acerca de las transacciones efectuadas con todo tipo de tarjetas, ya sean de crédito, débito o prepago.
Esta obligación surgirá cuando el importe total de cargos y de abonos registrados en el ejercicio hayan superado los 25.000 euros anuales. Es un umbral que afectará a un número considerable de usuarios con un volumen de gasto o ingreso significativo a través de sus plásticos.
Para estas operaciones con tarjetas que excedan el límite establecido, las entidades financieras deberán proporcionar una serie de datos detallados. Entre ellos, se incluye información acerca del titular de la tarjeta, qué tipo de tarjeta es (crédito, débito, etc.) y los ingresos totales que se hayan realizado en la misma.
Es importante destacar que en este cómputo se incluyen también las recargas con efectivo, lo que subraya la intención de Hacienda de tener una visión completa de los flujos monetarios asociados a estos instrumentos de pago. Estos datos esenciales para el control fiscal permitirán a la Agencia Tributaria cruzar información y detectar posibles inconsistencias.
Control de préstamos, créditos y movimientos en efectivo
La reforma también introduce cambios significativos en el artículo 38, que regula la obligación de los bancos de informar sobre préstamos, créditos y movimientos de efectivo. Las entidades tendrán que notificar a Hacienda cuando existan saldos por importe superior a 6.000 euros, existentes a 31 de diciembre, de los créditos y préstamos concedidos.
Esto busca un mayor seguimiento de las deudas y financiaciones. De igual forma, se establece un umbral para las operaciones en efectivo: las imposiciones, disposiciones de fondos y de los cobros de cualquier documento serán objeto de notificación si son superiores a 3.000 euros. Estas medidas buscan cerrar el cerco a las transacciones en efectivo de gran volumen, tradicionalmente más difíciles de rastrear.
¿Cuándo entrarán en vigor estas medidas?
Es crucial para los contribuyentes y las entidades financieras conocer el calendario de aplicación de estas nuevas obligaciones. Las modificaciones introducidas por el Real Decreto 253/2025 entrarán en vigor el próximo 1 de enero de 2026. Esto significa que, aunque la normativa se publica en 2025, su aplicación práctica comenzará con el nuevo año.
Serán aplicables por primera vez en relación con las declaraciones informativas correspondientes al ejercicio 2026, que, como es habitual, deberán presentarse a partir de dicha fecha en los plazos establecidos por la Agencia Tributaria. Por tanto, los movimientos de este 2025 no se verán afectados por estos nuevos límites, pero sí los que se realicen a partir del 1 de enero de 2026.
¿Por qué Hacienda refuerza el control fiscal?
El endurecimiento del control fiscal por parte de la Agencia Tributaria responde a una necesidad constante de la administración de adaptarse a los nuevos tiempos y a las formas de operar de la economía. La lucha contra la economía sumergida y el fraude fiscal es una prioridad para garantizar la equidad y sostenibilidad del sistema tributario.
Con la creciente digitalización de los pagos y transacciones, Hacienda necesita nuevas herramientas para la Agencia Tributaria que le permitan seguir el rastro del dinero de manera más eficiente. Estas medidas buscan detectar patrones de comportamiento inusuales que puedan indicar actividades económicas no declaradas o blanqueo de capitales, protegiendo así los intereses de todos los contribuyentes.
Además, el acceso a esta información detallada permite a la Agencia Tributaria realizar un análisis de datos masivos o 'Big Data' para identificar posibles irregularidades fiscales con mayor precisión. La transparencia en las operaciones financieras es un pilar fundamental para la confianza en el sistema económico y para proteger los intereses de todos los contribuyentes.
Al exigir a los bancos esta información, Hacienda busca no solo sancionar el fraude, sino también disuadirlo, fomentando una cultura de cumplimiento fiscal entre la población y las empresas.
Implicaciones para los contribuyentes y la banca
Para los ciudadanos, estas nuevas normativas implican una mayor transparencia en las finanzas personales. Es fundamental para los ciudadanos comprender estas novedades y, en su caso, mantener un registro detallado de sus gastos e ingresos, especialmente si manejan volúmenes de dinero cercanos a los límites establecidos.
Aunque la mayoría de los contribuyentes cumplen con sus obligaciones, estas medidas buscan asegurar que nadie eluda su responsabilidad fiscal. En caso de dudas, siempre es recomendable buscar asesoramiento profesional en caso de dudas para garantizar el cumplimiento de la legalidad vigente y evitar posibles incidencias con la Agencia Tributaria.
Por su parte, las entidades bancarias, por su parte, deberán adaptar sus sistemas informáticos y procedimientos internos para cumplir con las nuevas exigencias de información. Esto supone una inversión en tecnología y recursos humanos para asegurar que los datos se recopilan y se envían a Hacienda de forma correcta y en los plazos estipulados.
La colaboración entre la banca y la Agencia Tributaria es esencial para el éxito de estas medidas, que buscan un sistema financiero más transparente y una lucha más efectiva contra el fraude y el blanqueo de capitales en España.
