De la subida de pensiones a las ayudas al coche eléctrico: qué incluyen los decretos aprobados por el Gobierno
El Consejo de Ministros aprobó este martes 3 de febrero de 2026 dos reales decretos ley que reúnen cerca de una treintena de medidas sociales, fiscales y laborales. El paquete normativo abarca desde la revalorización de las pensiones hasta incentivos fiscales para vehículos eléctricos, la prórroga del bono social energético o la protección frente a desahucios. Ambos textos deberán ser convalidados por el Congreso de los Diputados en los próximos días para su entrada en vigor definitiva.
El Ejecutivo ha optado por dividir las medidas en dos instrumentos diferenciados. Por un lado, un real decreto ley centrado en pensiones y Seguridad Social, que incluye ocho actuaciones concretas. Por otro, un segundo texto más amplio que recupera buena parte del denominado escudo social, tras el rechazo parlamentario del anterior decreto ómnibus. Esta separación busca facilitar la tramitación parlamentaria y asegurar los apoyos necesarios en la Cámara baja.
- Pensiones y Seguridad Social
- Escudo social: vivienda, energía y empleo
- Incentivos fiscales y eficiencia energética
- Ayudas extraordinarias y financiación territorial
Pensiones y Seguridad Social
El primer real decreto ley contempla la revalorización de las pensiones contributivas en un 2,7%, una actualización que beneficiará a más de nueve millones de personas en toda España. La medida responde al compromiso del Gobierno de vincular las pensiones a la evolución del Índice de Precios al Consumo (IPC) registrado en 2025.
Las pensiones no contributivas, por su parte, aumentarán un 11,35%, reforzando la protección de cerca de 450.000 beneficiarios. El decreto también actualiza las cuantías mínimas de las pensiones y las bases de cotización, amplía en diez años el plazo de cancelación de préstamos concedidos a la Seguridad Social y establece un tipo de cotización adicional para bomberos y agentes forestales, en reconocimiento a la penosidad de estas profesiones.
Además, se prorroga la compatibilidad entre pensión y trabajo para los médicos, una medida orientada a paliar la escasez de profesionales sanitarios en determinadas especialidades y territorios. El texto incluye asimismo la suspensión de la obligación de presentar la declaración de la Renta para los beneficiarios de la prestación por desempleo, con el objetivo de simplificar los trámites administrativos.
Escudo social: vivienda, energía y empleo
El segundo real decreto ley recupera el grueso de las medidas del escudo social. En materia de vivienda, se prorroga la suspensión de los desahucios para hogares vulnerables sin alternativa habitacional por impago de rentas, con compensación económica al arrendador. Esta protección se amplía a los supuestos en los que el propietario sea considerado gran tenedor.
El texto refuerza además los mecanismos de mediación y conciliación previos a la ejecución de desahucios cuando el arrendador es un gran tenedor, con el objetivo de fomentar acuerdos extrajudiciales y evitar situaciones de exclusión residencial.
En el ámbito energético, el decreto prorroga el bono social eléctrico y la garantía de suministro de agua y energía para consumidores vulnerables hasta el 31 de diciembre de 2026. También se adapta la tasa de retribución financiera de los sistemas eléctricos no peninsulares para el periodo regulatorio 2026-2031, una medida que afecta especialmente a Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla.
En el terreno laboral, se mantiene la prohibición de despedir para las empresas beneficiarias de ayudas públicas, una disposición destinada a evitar ajustes de plantilla injustificados en compañías que han recibido apoyo estatal.
Incentivos fiscales y eficiencia energética
El decreto incluye incentivos fiscales para la adquisición de vehículos eléctricos, la instalación de infraestructuras de recarga y las inversiones en energías renovables, con el objetivo de impulsar una movilidad más sostenible. Estas medidas se complementan con mejoras en las deducciones del IRPF por obras de eficiencia energética en viviendas.
El texto introduce también modificaciones técnicas en el IVA de hidrocarburos y ajustes en los regímenes de estimación objetiva del IRPF y del IVA para agricultura, ganadería y pesca, cambios que afectarán a miles de autónomos y pequeñas empresas.
Ayudas extraordinarias y financiación territorial
El paquete normativo prorroga las ayudas por la Dana de octubre de 2025, que causó graves daños en la Comunidad Valenciana y otras zonas del Levante, y declara exentas de IRPF y del Impuesto de Sociedades las subvenciones concedidas por la Generalitat Valenciana. También quedan exentas del IRPF las indemnizaciones por daños personales derivados de incendios forestales.
Asimismo, el decreto actualiza las entregas a cuenta de las comunidades autónomas y de las entidades locales para el ejercicio 2026 y regula el régimen de endeudamiento autonómico, con el objetivo de garantizar la prestación de los servicios públicos y preservar la estabilidad presupuestaria.
Por último, se prorroga la suspensión de la causa de disolución societaria por pérdidas, de modo que no se computarán las correspondientes a los ejercicios 2020 y 2021 hasta el cierre del ejercicio que se inicie en 2026, una medida que el Gobierno estima que beneficiará a más de 50.000 empresas.
