La Fegamp alerta de la "asfixia" municipal por la financiación del servizo de axuda no fogar

Tras un 2024 “perdido” para la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp) en lo que toca, principalmente, a la interlocución con algunos departamentos de la Xunta para procurar soluciones a reivindicaciones históricas en materia de competencias impropias y de financiación, el presidente del ente municipalista, el alcalde de Vilagarcía, Alberto Varela, advirtió este miércoles que, en 2025, el organismo “non vai quedar calado” si no logra conseguir “avances”, por lo que apeló al diálogo.

Fue en un encuentro con los medios en el que hizo balance de un 2024 en el que tocó lidiar con asuntos como la subida del canon de Sogama y desgranó los “retos” para el ejercicio que arranca. El ente que representa a los 313 concellos y a las cuatro diputaciones se propone “falar de financiamento local” tanto con el Estado, con el que la Federación Española de Municipios y Provincias (Femp) quiere abordar la “mellora estrutural” del sistema de reparto en paralelo al debate abierto sobre la reforma de la financiación autonómica, como con el Gobierno gallego.

Sobre la mesa vuelve a estar la reivindicación de una mayor dotación del Fondo de Cooperación Local, la necesidad de que Estado y Xunta cubran el 100% de la factura del servizo de axuda no fogar (SAF) y la financiación de los concellos turísticos. Además, el organismo llama al Ejecutivo gallego a dotar el fondo de reequilibrio territorial comprometido y pide enfocarlo "a axudar aos concellos con maiores dificultades” por el impacto de la dispersión geográfica y el envejecimiento. Varela aprovechó así para reiterar su rechazo a que la Xunta reforzase el fondo base –que forma parte del Fondo de Cooperación Local—optando por dar prioridad a los municipios de menos de 15.000 habitantes, una condicionalidad que el líder de la organización critica.

Para apoyar sus demandas con datos, la Fegamp ha encargado un estudio a profesores universitarios de la talla de Santiago Lago, Xoaquín Fernández Leiceaga, María Cadaval, Alberto Vaquero y Concepción Campos que, entre otras tareas, se encargarán de traducir a cifras una infrafinanciación derivada de "competencias impropias" que, en su día, la federación ya estimó en unos “500 millóns”.

Varela advierte que hay concellos con "problemas" para afrontar gastos corrientes por las competencias impropias

Al frente de una arquitectura local que "vertebra" Galicia, el socialista advirtió que estos asuntos revisten "urxencia", pues si no hay soluciones habrá “moitos concellos que o pasen moi mal”. De hecho, apuntó que algunos consistorios comienzan a afrontar "problemas" para cubrir "o gasto corrente", esto es, para financiar "o día a día".

En una intervención en la que sacó a relucir “as dificultades” para que los conselleiros de Sanidade y Política Social “reciban” a los representantes de la entidad local, Varela demandó la convocatoria de la Comisión Galega de Cooperación Local “para falar claramente das necesidades dos concellos”.

Otra de las solicitudes pasa por que la Xunta cite a la Fegamp para abordar las normas en tramitación que afecten al ámbito local para hacer partícipes a los municipios de la elaboración de textos como la reforma de la ley de administración local de Galicia, de la que la Fegamp lamenta “non saber nada”.

La financiación del SAF, la piedra angular

Lo realmente apremiante es, sin duda, la financiación del SAF, pues Varela denunció que su coste ‑que la Ley de Dependencia establece que debe ser cubierto por el Estado y la Xunta al 50%‑ está “asfixiando a moitos concellos”, cuyo único cometido debería ser gestionar la prestación. Como ejemplo puso el de Vimianzo, que con un presupuesto global anual de unos 5,6 millones, hace frente a una factura de más de 1 millón para cubrir un servicio cuya factura por hora ya ronda “os 24-25 euros”, en algunas localidades, de los cuales Xunta y Estado solo está cubriendo, según la Fegamp, 12 euros, en tanto que la aportación del usuario es “mínima”.

“Non pode ser que os concellos estean sacando as castañas do lume no día a día”, avisó al resto de administraciones, al tiempo que tachó de “insuficiente” el incremento presupuestado por el Gobierno gallego para llegar a “14 euros”.

En esta línea, Varela denunció que “non é lóxico” que los municipios asuman el 90% de la financiación del Plan concertado para el desarrollo de las prestaciones básicas de servicios sociales, un 30% por encima de la media estatal. “Achegamos 107 millóns e a Xunta e o Ministerio de Dereitos Sociais, pouco máis de 7 millóns en cada caso”, detalló.

Recalcó que está en juego la atención a los mayores y también recordó que los trabajadores que cubren servicios como el SAF, mujeres en su mayoría, deben recibir salarios “dignos”, lo que depende de la financiación. “Esperemos que dunha vez por todas nos reciban a conselleira e tamén o ministro”, en alusión a Pablo Bustinduy, representante de Sumar en la coalición de Gobierno.

Nueve concellos afrontan expedientes sancionadores por el SAF

Acompañado por la secretaria general de la federación, la socialista Patricia Vilán, el presidente trasladó la preocupación de la institución ante los expedientes sancionadores emitidos por la Xunta contra al menos cuatro concellos por “non prestar a axuda no fogar ou renunciar a horas extra ao non poder pagar as ordinarias”. Apuntó que afrontan multas "inxustas" dentro de horquillas “bastante amplas”, que en algunos casos ascienden “a 20.000 euros”. Esto ha llevado a la Fegamp a elevar una consulta al Gobierno gallego ante unas penalizaciones “que non parecen razoables”.

Fuentes de la Consellería de Política Social precisaron que los expedientes iniciados en 2024 se dirigen contra Triacastela, Samos, Pedrafita, Folgoso do Courel, Os Blancos, Punxín, Rodeiro, Calvos de Randín y Valdoviño. Al parecer, se llegó a este punto después de que “desatenderán” a los requerimientos trasladados “en varias ocasión”.

A mayores, el departamento que dirige Fabiola García incide en que "cumpriu" en la pasada legislatura "co pacto asinado coa Fegamp" en relación a la financiación del SAF y pone en valor que los Orzamentos para 2025 "prevén un novo incremento" a cuenta de las arcas autonómicas.

La Xunta carga contra el Gobierno central, que sigue sin cubrir el 50% de su parte del recibo de la dependencia, lo que ha derivado en “unha débeda” de más de 2.500 millones con la comunidad. Política Social recuerda, en este sentido, que García se reunió con Bustinduy recientemente y que este condicionó un mayor desembolso por parte del Estado a la aprobación de unos nuevos presupuestos generales.

Escuelas infantiles y unidades de drogodependencia

La financiación por la Xunta de la gratuidad de las escuelas infantiles de titularidad municipal es otro caballo de batalla en un escenario en el que la Fegamp critica que el Ejecutivo de Alfonso Rueda destine 5 millones a este capítulo este año –pese a tener "un custo de 30 millóns"-, cuando el Gobierno gallego presupuesta “45 millóns para as privadas”.

En el foco también está la cobertura económica por parte del Sergas del 100% del coste las 13 unidades de atención a los drogodependientes, que estaba compremtida "para o primeiro trimestre do 2024".

Varela, que manifestó que los concellos colaborarán "na medida das súas posibilidades" con el Estado para aportar soluciones a la crisis de vivienda, advirtió que la Fegamp no jugará el papel de “un órgano submiso” ni se que quedará “calada”, por lo que incidió en que, como presidente, cumplirá el mandato que recibió de la asamblea general “por unanimidade” en relación a la mejora de la financiación, la delimitación de las competencias y el “respecto” a la autonomía local”.  

El frente por la gratuidad de la AP-9

Preguntado por el frente que los alcaldes de Pontevedra y Vigo se han mostrado partidarios de constituir para dar la batalla por la gratuidad de la AP-9, el regidor vilagarciano –que enfila el segundo año de su segundo mandato en la Fegamp-- defendió que la federación "promoverá todas as cuestións que preocupen" a la ciudadanía. Con todo, puso en valor "os avances conseguidos" hasta el momento en materia de bonificaciones para usuarios recurrentes. Y, en línea con la postura que defienden el ministro de Transportes y el PSdeG, dio a entender que lo prioritario es levantar los peajes frente al traspaso de la titularidad del vial a la Xunta.