Día 1 de julio. Echa a andar oficialmente la temporada de alto riesgo de incendios en Galicia, este año prorrogable hasta el 31-O y con la imagen del trágico fin de semana de octubre de 2017 todavía en el retrovisor. En la práctica, esto significa que desde hoy hay disponibles unas 7.000 personas para patrullar y vigilar los montes, sofocar las llamas, limpiar la maleza o manejar algunos de los medios aéreos y terrestres habilitados por las administraciones local, autonómica y estatal para hacer frente al fuego.
La cifra es para tener en cuenta, aunque quizás pase desapercibida si no se pone en perspectiva. En cierto modo, a nivel autonómico la lucha contra los incendios constituye un sector económico en sí mismo que emplea a tanta gente como la campaña de las rebajas o la factoría de Citroën en Vigo —sin contar auxiliares—, usada a menudo como paradigma del empleo y la gran industria de Galicia.
La comparativa todavía se puede ilustrar mejor a nivel doméstico. Del total de personal que moviliza el Pladiga 2018 —son 5.767 efectivos propios de Galicia—, un total de 1.422 operarán de forma permanente en Lugo. Son más de los que tiene en nómina la fábrica de Alcoa en San Cibrao y supera incluso a las tres empresas con más plantilla en la provincia (Limpiezas San Froilán, Arenal y Abante), según datos del informe Ardán 2018. Y todavía hay más: este personal forestal triplica los 483 contratos firmados para las rebajas de verano en el comercio lucense, según Adecco.
Debe tenerse en cuenta además que a este dispositivo todavía habría que añadirle los contratos que aportarán a la campaña de alto riesgo el Estado, empresas o el Ejército a través de la Ume —hasta llegar a esos 7.000 en toda Galicia—, lo que ofrece una imagen nítida de la enorme dimensión económica que tiene la economía del fuego en Galicia.
De hecho, tirando de informes de gigantes de la contratación como Adecco o Ramstad, solo el turismo sería capaz de movilizar más contratos en verano, pero especialmente por el tirón de las Rías Baixas, donde se esperaban unas 30.000 altas para julio y agosto. En los casos de Lugo y Ourense esa cifra se rebaja al entorno de las 3.000, lo que acerca mucho más ambos sectores: turismo y fuego. Sobre todo teniendo en cuenta que este año el operativo completo podría estar en el monte durante cuatro meses, mientras que el sector vacacional apenas opera dos.
En definitiva, que Galicia dispondrá un verano más de miles de brigadistas que se mueven, comen, pernoctan y gastan en su día a día por los montes, dinamizando la economía del rural.
UN SECTOR EN AUGE. La extinción de incendios constituye además un sector al alza. Su nacimiento se remonta a la Administración Fraga, cuando la Xunta, ante la perspectiva de que cada verano había más incendios, decidió por primera vez destinar ingentes recursos económicos para tratar de atajarlos, algo que en realidad fue "eficaz" pero no "efectivo". Esta compleja dicotomía la aclara el biólogo lucense afi ncado en Santiago Xabier Vázquez Pumariño, que argumenta que en la medida que esa política tuvo éxito, "que o tivo", se estaba sembrando un futuro plagado de problemas. "O éxito actual é o que garante o fracaso posterior", resume.
La razón es que ante su efi cacia inicial, la Xunta repitió durante años y años las mismas recetas contra el fuego, pero con ello olvidó acometer un cambio estructural en la propiedad y la gestión forestal, que era lo que realmente se necesitaba. Al contrario, siguió apostando por ese esfuerzo inversor, que cada año engulle más recursos económicos, para tratar de hacer frente al fuego apagándolo. "Pero chega un momento no que é incontrolable", apunta Pumariño, que señala directamente a los factores climáticos, recordando años recientes de actividad extrema como 2006 o 2017.
"Galicia ten un clima dobre: por unha parte eurosiberiano, con moita precipitación e invernos suaves que provocan que a vexetación medre rápido; e por outro de seca estival, que adoitaba ser de dúas semanas con demanda hídrica, pero que co cambio climático vemos que pode prolongarse máis tempo", como ocurrió en ese octubre negro del año pasado.
En este contexto, según su teoría, para que exista fuego hay que combinar tres factores: alguien que prenda, combustible para quemar y unas condiciones externas para que arda. En este escenario, "o que pon lume só representa un terzo do problema", pero en la práctica la mayoría de esfuerzos de la administración se orientan a atajar esa parte y obvian otras.
Una dinámica que además no resulta muy fácil de modificar, porque a medida que los operativos de lucha contra las llamas se fueron engordando a lo largo de los años en Galicia, su impacto —y dependencia— en la economía se fue haciendo más importante, así como su poder de presión y capacidad de negociación. La lucha contra el fuego consume hoy en Galicia casi 200 millones de euros al año, más de lo que mueve todo el marisqueo (66 millones); y los ingresos de muchos hogares dependen de ese trabajo temporal verano tras verano.
¿HAY MAFIA FORESTAL? Sin embargo, que el fuego genere economía a su alrededor no debe traducirse de forma automática en la existencia de una industria del fuego y, menos todavía, de una mafia del fuego. Esta sigue siendo una afirmación un tanto arriesgada, pese a que resulta una obviedad que las llamas constituyen un negocio para algunos.
El Centro de Investigación Ecológica y Aplicaciones Forestales (CREAF-UAB) publicó en ‘Science’ que una serie de especies animales y vegetales necesitaban el fuego para sobrevivir: desde los eucaliptos para extender su colonización hasta decenas de aves y mamíferos cuya supervivencia depende de la apertura de claros en medio del bosque, así como los depredadores que comen a esos animales.
Así que el ser humano, en su afán por replicar a la naturaleza, también consiguió con el paso del tiempo que parte de su estructura social y económica dependa del fuego. O dicho de forma más digerible por algunos expertos: "Non todos perden cando arde".
Esos 7.000 efectivos que desde hoy se desplegarán por el monte, de los que la mayoría son personal de la Xunta —pero también hay muchos de empresas de extinción como Seaga o Tragsa— son el ejemplo más claro; pero ni mucho menos son el único.
De los 5.676 efectivos del Pladiga 2018, 1.478 estarán en A Coruña, 1.422 en Lugo, 1.670 en Ourense y los 1.1.97 restantes en Pontevedra
La madera quemada que se aprovecha para pasta de papel tiende a abaratase y, si se saca junta y en cantidad, tira los precios, lo que perjudica al pequeño propietario que vende pero beneficia a las grandes industrias que compran. Luego hay que pensar en las empresas de reforestación, los viveros de plantas o, como ejemplo más evidente de este 2018, los autónomos o compañías con tractores-desbrozadora que trabajaron día y noche limpiando las franjas de seguridad alrededor de casas y carreteras para dar cumplimiento al nuevo marco legal aprobado por la Xunta. En resumen, todo un entramado al que el fuego y su política no le viene mal.
Lo que ocurre es que una cosa es que exista un lobby que se beneficia de las llamas y otra distinta es que ande por el monte prendiendo fuego, igual que las constructoras se benefician de la guerra o un atentado pero no aprietan el botón de las bombas. Y quizás alrededor de ese matiz gire buena parte de la polémica de los últimos años sobre la existencia o no de la industria del fuego gallega.
"É certo que convén facer esa distinción", aclara Vázquez Pumariño, que sin embargo introduce otro punto de vista en este debate relativo al grado de implicación de estos teóricos beneficiarios del fuego en el desarrollo del país y del rural. "O que non podemos é esperar que esa xente poña nada da súa parte, polo menos seriamente, para solucionar o problema dos lumes de forma eficaz". Sería como dispararse en un pie.
Fue la Xunta de Fraga la que empezó a dedicar dinero a luchar contra el fuego algo que solo funcionó a medias
CAUSALIDAD DEL FUEGO. Pero si en Galicia, que ocupando solo el 6% del territorio nacional es escenario del 30% de los incendios de toda España, no hay una mafi a o una mano negra alentando esta vorágine incendiaria... ¿quién prende entonces fuego? El Ministerio de Medio Ambiente trató años atrás de arrojar luz sobre esta incógnita con un informe sobre la causalidad de los incendios cuyas conclusiones ofrecieron muchas obviedades y alguna sorpresa.
Entre las primeras, contabilizó que de los 112.615 focos registrados entre 2001 y 2014, más de 50.000 tenían su origen en la actividad campesina o ganadera, bien por quemas de rastrojos o para abrir pastos. Para otros 40.000 no había explicación posible. Y después aparecían en la lista los atribuidos a pirómanos (6.500), cazadores (3.500) o vandalismo (3.200).
Lo curioso es que la estadística contemplaba a su vez 44 fuegos cuya causa era cobrar dinero por su extinción o restauración de la zona quemada, 55 para bajar el precio de la madera, 20 para forzar convenios, 88 para favorecer la producción del monte o 112 para frenar la creación de espacios protegidos. En conjunto son datos testimoniales, casi simbólicos, pero al mismo tiempo oficiales y reveladores de que alrededor de las llamas también hay un negocio. Y atendiendo a las cifras de incendios, en Galicia debe funcionar especialmente bien.
