Nueva ley para los concellos de siempre
Si de aquí a unos años deja la política y se reincorpora a su plaza de secretario municipal, muy probablemente Alfonso Rueda tendrá que velar por el cumplimiento de la ley de administración local que ultima su gobierno. La iniciativa le corresponde a la Consellería de Presidencia, que espera enviar el proyecto legislativo al Parlamento después del verano.
Antes habrá un proceso de exposición pública, abierto a las aportaciones de los interesados, empezando, claro está, por los concellos y por el organismo que los agrupa, la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp). Su presidente, Alberto Varela, ya anunció que serán propuestas "constructivas", en línea con el espíritu de colaboración institucional que el alcalde socialista de Vilargarcía imprime a las relaciones del ente municipalista con la Xunta del PP, actitud de la que discrepa abiertamente el Bloque, partidario de ir al choque en esto como en otros frentes (recuérdese que rechaza el acuerdo sobre la financiación del servicio de ayuda en el hogar, sin ir más lejos).
En el nuevo marco legal destaca el apartado de financiación, asunto espinoso donde los haya. En este caso el Gobierno autonómico es consecuente con sus exigencias a la Administración central. Dispersión, despoblación y envejecimiento pesarán del orden del 20% en el reparto de los fondos de la Xunta a los concellos a través del fondo de cooperación local. Además todos los ayuntamientos contarán con un mínimo de 100.000 euros de financiación con independencia de su población.
Por otro lado, se contempla también el objetivo de la "claridad competencial" para que los consistorios sepan de qué se tienen que ocupar por obligación y de qué se podrían desentender legalmente. Se trata de una reclamación recurrente –principalmente, aunque no solo– de los socialistas, que se quejan de "sus" ayuntamientos han acabado asumiendo demasiadas "competencias impropias", ante la exigencia ciudadana, al ser la ventanilla de poder más cercana.
Otro aspecto delicado de la nueva ley de administración local es el de las fusiones. No serán nunca obligatorias, no podrán imponerse desde San Caetano. Aun cuando el Gobierno gallego puede proponerlas o incentivarlas, la última palabra seguirán teniéndola los concellos, que sin embargo, ojo, pueden ser obligados a integrarse en el caso de que por separado sean incapaces de prestar los "servicios esenciales", es decir, cuando se vean económicamente asfixiados o estén como quien dice en quiebra, o solo sea en "situaciones extremas". También podrá la Xunta impulsar de oficio una fusión en municipios de menos de cinco mil habitantes en regresión demográfica, perdiendo población a chorros.
Diga lo que diga la legislación que viene, es improbable que veamos en años una reconfiguración del mapa municipal de Galicia aunque sea mínima. Salvo que no le quede más remedio, nadie va a meter la mano en ese avispero.
La eólica marina está al caer
La conselleira de Economía dice que Galicia quiere estar entre las primeras comunidades donde se instalen parques eólicos marinos. Difícilmente se adelantará a Canarias, pero juega con la ventaja de que nuestro litoral es el preferido por los potenciales operadores, aunque en este caso será una decisión fundamentalmente política, teniendo en cuenta el mayor o menor rechazo que este tipo de instalaciones generan en las zonas costeras afectadas.
En el caso gallego, el sector pesquero está en pie de guerra por entender que, junto a los ecosistemas marinos, puede ser el gran perjudicado por la instalación de gigantescos molinos de viento en los caladeros donde faena la flota tradicional y de bajura. Se oponen a lo que tachan de "subasta a ciegas", que prima los intereses de las grandes empresas eléctricas sobre el medio de vida de los pescadores.
Por ahora lo que hace el Gobierno es abrir un periodo de consulta pública previa, para establecer los criterios definitivos del "concurso competitivo", en el que se otorgarán las concesiones. Es por el litoral gallego por el que están interesados la mayoría de las compañías que aspiran a contar con un explotación eólica marina. Son muchas, todas grandes, españolas y extranjeras, empezando por Repsol, la japonesa Elawan y la tambien nacional Capital Energy. Ninguna, que se sepa, con capital gallego, a pesar que más de una empresa autóctona hay en el sector del viento con tamaño y capacidad.
Dado el parón que sufre la eólica terrestre por las controvertidas decisiones judiciales, las esperanzas del Gobierno gallego y de los promotores de nuevos –y vitales– proyectos industriales están puestas en los aerogeneradores flotantes, que además darán un significativo impulso al ecosistema de fabricación y construcción de elementos para parques marinos implantado en el eje Ferrolterra, con empresas líderes mundiales como Navantia, Windar y Ocean Waves. Son ya unos cinco mil los empleos directos y se podrían crear otros tantos. Claro que la mayoría no dependen de que el despliegue empiece o no por Galicia.
Académicas, pero elecciones
El jueves 12 hay elecciones al rectorado de la Universidade de Santiago, que por primera vez en sus quinientos y pico años de historia tendrá a su frente a una mujer. La campaña se desarrolla en dos niveles: el convencional, con debates, reuniones y visitas, y el digital, que se dirime en las redes sociales.
En ese ámbito, que es el medio natural de alumnado, es donde se libra la batalla más bronca y menos respetuosa con las buenas formas, contra lo que sería esperable en el ámbito académico. Ahí unas candidatas se manejan mejor que otras, aunque en distinta medida todas sufren los ataques amparados por el anonimato.
Aunque no hay sondeos que permitan predecir resultados, todo apunta a que será necesaria una segunda vuelta. En ese supuesto, la comunidad universitaria compostelana tendrá que decidir entre dos aspirantes, probablemente entre Rosa Crujeiras y Maite Flores, después de los correspondientes procesos negociadores y de que las descartadas tomen postura.
Al final la pugna se dirime entre afines a la socialdemocracia o al nacionalismo. No hay aspirantes conservadores. Y menos aún que se reconozcan como tales.
Ojalá no sea papel mojado
Con el habitual escepticismo acoge la Xunta la intención del Gobierno de prohibir el acceso a las redes sociales de los menores de 16 años. La conselleira de Política Social da la bienvenida a la iniciativa, pero cree que "habrá que ver" si no se queda como otras "en papel mojado".
Fabiola García subraya el carácter pionero de la nueva ley de violencia digital que, por ejemplo, permitirá "borrar la huella de todas las mujeres que sufren algún tipo de violencia" en ese ámbito. En la presentación de la campaña de concienciación en la red Igualdade Followers, la conselleira recordó que Galicia fue también la primera comunidad en prohibir el uso de teléfonos móviles en los centros educativos.
Mercosur, un filete por persona
En un acto con alumnos de la Facultade de Económicas de Santiago, a los que se metió en el bolsillo, Carlos Cuerpo defendió el acuerdo de la Unión Europea con Mercosur, "va a ser muy beneficioso" para España y para Galicia, en contra de lo que creen agricultores y ganaderos, movilizados en toda Europea.
El ministro de Economía asegura que están previstos mecanismos para que las ventajas que genere en beneficio de determinados sectores, gracias a las mejores oportunidades de exportación, no supongan perjuicio para otros. Como ejemplo, aludió a las importaciones de carne, que serán mínimas: "déjenme decirlo de manera más gráfica, vamos a dejar entrar un filete por persona".