MÁS QUE por un gesto irrefrenable de transparencia, pregonar que la defensa letrada al juez Llanera ante la Justicia belga puede costar a las arcas del Estado medio millón de euros, como acentuando el dispendio tiene, como fácil es deducir, una intención envenenada, y más después de que la ministra de Justicia tuviese que tragarse el sapo de su tozudez al respecto, desbaratada por su jefe. Para que todos sepamos que el magistrado sale caro por sus "desvaríos" legales, que tanto irritan a los que sostienen el tinglado de la Moncloa. ¡Ay con la de cosas que se podían hacer sin ese derroche! Si el señor magistrado fuese indulgente, como no lo parece, con golpistas y forajidos, ni falta harían lazos amarillos. Como era de suponer, el guiño refulgente carece de continuidad, y seguimos sin saber lo que costó el avión para el vuelo privado de Sánchez, o cuál es el montante dilapidado en otros estrépitos forzados y parafernalias innecesarias, pagadas a toca teja por el erario. Eso no merece trasparencia, arguyendo "secreto de Estado". Por cierto, si el asedio belga se torna favorable a Llarena, ¿por qué no se "facturan" las costas al forajido Puigdemont? Daría igual, también sería dinero público...
