Igualdad atiende en Galicia casi tres casos de discriminación racial a la semana
El trato injusto basado en actitudes racistas medra en Galicia. El Consejo para la Eliminación de la Discriminación Racial y Étnica (Cedre), adscrito al Ministerio de Igualdad, atendió el año pasado en la comunidad gallega 145 casos de algún tipo de exclusión o menoscabo con este trasfondo en el acceso en ámbitos como la educación, la sanidad, el acceso a las prestaciones, servicios sociales, a la vivienda, al empleo, a la formación o, en general, a cualquier bien o servicio. Son, en total, 16 expedientes más que los registrados en 2024 y la media se acerca a los tres a la semana.
A falta de consolidar definitivamente unos datos recopilados hasta el 19 de diciembre de 2025, el balance provisional presentado este lunes por el ministerio apunta a que Galicia lleva una tendencia contraria al resto del país, ya que los 2.703 casos atendidos en toda España rompen con un ascenso sostenido desde 2022 que reafirmaba, según el órgano, esa necesidad de contar con un servicio especializado para las víctimas de discriminación racial o étnica.
En concreto, en 2024, el Cedre había anotado 2.913 situaciones de esta clase, que ya eran un 12,8% más que en 2023, aunque si la comparación se hacía con un 2013 en el que se comenzó a prestar este servicio, las consultas se llegaban a multiplicar casi por ocho.
Aunque son estadísticas a las que hay que introducir dos matices. Uno, que en este alza influye el refuerzo de las capacidades y recursos de este organismo oficial para prestar asistencia y asesorar a las víctimas de discriminación de forma independiente a la hora de tramitar sus reclamaciones, así como que se vaya conociendo más su disponibilidad.
Y otro, que, a pesar de lo anterior, la infradenuncia sigue teniendo mucho mayor peso en la estadística, debido a factores como la falta de percepción de la discriminación por parte de la víctima, el temor a denunciar, el desconocimiento de sus derechos, la barrera del idioma o la desconfianza en las instituciones, factores que, además, tienden a agravar una situación con graves impactos no solo materiales, sino también emocionales y psicológicos.
Discriminación por acumulación
El ministerio detalla que en estos 2.703 casos de 2025 se observa "una gran diversidad de orígenes raciales y étnicos" entre las víctimas. Ayudados por el idioma, sobresalen los latinoamericanos blancos, con 850 expedientes. Les siguen los gitanos romaníes, con 468; la población árabe, con 349, y las personas negras, africanas o afrodescendientes, con 345. Hubo 111 casos de etnias nativas americanas y 75 de amazigh –esto es, los bereberes del Magreb–.
Como la discriminación funciona además por acumulación, llama además la atención de que, a lo largo de 2025, el Cedre atendió a 1.303 mujeres, por 995 hombres.
Asimismo, por lo general, estos casos suelen cebarse con personas que desarrollan profesiones de baja cualificación o son trabajadores de servicios de restauración, vendedores de comercio o cuidadoras en el ámbito doméstico, con estudios primarios o de secundaria, la mayoría de ellas, desempleadas o en situación administrativa irregular. Es decir, que la discriminación racial o étnica afecta fundamentalmente a la población joven y desempleada, circunstancias que inciden en la forma en la que las víctimas hacen frente a la discriminación racial. El sesgo económico importa.
Los contextos más comunes detectados el año pasado son la discriminación en el ámbito laboral, con 434 casos; el acceso a bienes y servicios, con 373; la vivienda, con 332, y la salud, con 327.
Por territorios, la comunidad con un mayor número de casos ha sido Madrid, con 397. El factor demográfico también condiciona. A distancia queda Andalucía, con 292; Castilla y León, con 214; Baleares, con 197; Canarias, con 192, y Cataluña con 165.
