La eólica tendrá que vender el 50% de su generación a precio estable a empresas gallegas

Los promotores de los parques eólicos que entren en funcionamiento en los próximos años tendrán que suministrar "polo menos o 50%" de la energía que produzcan a las empresas gallegas a un precio "estable e competitivo". Lo anunció este martes en el pleno del Parlamento la conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, que compareció para informar sobre las líneas de actuación de su departamento. 

En el campo de la electricidad, la Xunta contará con cinco instrumentos, entre las cuales figuran las medidas "transitorias" para avanzar en el abastecimiento "seguro". "Trátase de anticipar os principios que están na nova lei de recursos naturais mentres non se aproba o novo Plan eólico de Galicia", indicó la coruñesa, que anunció como medida "clave" que los promotores deberán firmar contratos bilaterales de suministro a largo plazo (PPA) "coa empresa galega cando menos polo 50% da enerxía producida".

Se trata de que las pymes, que actualmente no tienen opción de poder contratar este tipo de suministro en el mercado, puedan tener a su disposición precios más competitivos. Además, Lorenzana señaló que con este paso se garantizará que "ese 50% da enerxía producida" en los montes se mantendrá "fóra das fluctuacións do prezo do gas en Galicia". Según precisaron fuentes de la consellería, esta nueva obligación, que se articulará "canto antes", afectará a los nuevos molinos. Cabe recordar que este martes el despliegue de 70 parques está paralizado por el TSXG.

Otra clave es Recursos de Galicia (RDG) –la sociedad controlada por la Xunta (30%) y 32 empresas privadas–, que participará en la instalación de renovables y que a inicios de 2025 lanzará su propia comercializadora. Esta venderá "o 100% da enerxía" a hogares, empresas e industrias del entorno de los nuevos parques a un precio "máis barato" que el del mercado. RDG dará acceso a las pymes a los PPA.

Otra tarea en la hoja de ruta es la elaboración del nuevo plan sectorial eólico, un paso que la conselleira defiende como "lóxico" toda vez que entre los aerogeneradores en funcionamiento y los autorizados hay 6.500 MW y visto que han transcurrido 22 años desde la "revisión" de la planificación actual, que en origen data de 1997. Además, toca adaptar el documento a la ley de recursos naturales, que prevé que los beneficios derivados de la producción de energía reviertan en las zonas en las que recaigan las instalaciones. En todo caso, Lorenzana admitió que harán falta "máis de dous anos" para aprobar el nuevo plan sectorial. 

El cuarto foco para la consellería es la repotenciación de los parques con más de 25 años prevista en la ley de acompañamiento de los Orzamentos para 2025. Según la Xunta son 3.000 los molinos que alcanzarán esa antigüedad en cinco años, por lo que tocará sustituirlos por otras maquinarias más potentes y de mayor envergadura. "De forma prudente, estimamos que en oito anos eses 3.000 aeroxeradores reduciranse a 600 muíños", refirió Lorenzana, que incidió en que la finalidad es "reducir o impacto ambiental" en un centenar de parques.

En paralelo, se actualizará el canon eólico para "manter as compensacións ambientais" a los concellos tras las repotenciaciones, de manera que el gravamen no solo tenga en cuenta el número de molinos, sino también su altura.  

De otro lado, Lorenzana explicó que otra línea estratégica para la legislatura será, en línea con la ley de recursos naturales, la convocatoria de los concursos de derechos mineros caducados en una comunidad que representa el 8,2% de la producción de España, con 282 millones de euros. Antes de que acabe el año se convocarán 60 derechos —permisos de investigación— en las cuatro provincias, con prioridad para los yacimientos de materias primas críticas y minerales estratégicos. 

En una intervención en la que Lorenzana apeló al diálogo, desde el BNG, Brais Ruanova culpó a la Xunta de practicar la "improvisación" y de tirar de "anuncios de cara á galería". En esta línea, la socialista Patricia Iglesias afirmó que la consellería avanza "sen estratexia nin rumbo fixo" en materia industrial y energética. Enfrente, Rubén Lorenzo, del PP, censuró a la oposición por no apearse del "discurso catastrofista". 

Todo ello en una comparecencia en la que la conselleira aludió al proyecto industrial de Altri para afirmar que "está secuestrado", debido al trato "diferente" que le dispensa el Gobierno central en el reparto de los fondos europeos.